Armados con una lista secreta de más de 700 pastores que cometieron abusos, los líderes de la Convención Bautista del Sur (SBC, por sus siglas en inglés) optaron por proteger a la denominación de las demandas judiciales en vez de proteger a las personas de sus iglesias de posibles nuevos abusos.
Los supervivientes, defensores y algunos de los propios bautistas del sur pasaron más de 15 años pidiendo que se diseñaran mecanismos para evitar que los depredadores sexuales pasaran tranquilamente de un rebaño a otro. Los hombres que controlaban el Comité Ejecutivo (en adelante CE) —que dirige las operaciones cotidianas de la Convención Bautista del Sur— conocían el alcance del problema. Pero, en estrecha colaboración con sus abogados, difamaron a las personas que querían hacer algo contra los abusos y rechazaron repetidamente las peticiones de ayuda y reforma.
«Tras bambalinas, los abogados aconsejaban no decir nada y no hacer nada, incluso cuando las personas que llamaban [para presentar sus denuncias] identificaban a depredadores que seguían en los púlpitos de la SBC», según relata un enorme informe de investigación externo publicado el domingo 22 de mayo.
La investigación centra la responsabilidad en los miembros del personal del CE y en sus abogados, y afirma que los cientos de fideicomisarios elegidos del CE se mantuvieron en gran medida en la oscuridad. El consejero general del CE, Augie Boto, y el abogado de larga data Jim Guenther aconsejaron a los tres últimos presidentes del CE (Ronnie Floyd, Frank Page y Morris Chapman) que tomar medidas contra los abusos supondría un riesgo para la política y responsabilidad legal de la SBC, lo que llevó a los presidentes a impugnar las reformas propuestas contra los abusos.
Cuando surgieron nuevos llamados a la acción con los movimientos #ChurchToo y #SBCToo, Boto se refirió a la defensa de los supervivientes de abusos como «una estratagema satánica para distraernos completamente de la evangelización».
Los supervivientes, en respuesta, describieron los devastadores efectos, no solo de sus experiencias de abuso, sino de las respuestas evasivas e insultantes que recibieron de los líderes del CE durante más de 15 años.
Christa Brown, activista defensora desde hace años tras haber sufrido abusos sexuales por parte de su pastor a los 16 años, dijo que los «innumerables encuentros con líderes bautistas» que la rechazaron y descreyeron «dejaron un legado de odio» y le dieron a entender: «eres una criatura carente de valor, tú no importas». Como resultado, dijo, en lugar de que su fe le proporcionara solaz, se ha «entretejido neurológicamente con una pesadilla». Se refirió a ello como un «asesinato del alma».
Otra víctima, Debbie Vasquez, fue agredida sexualmente en repetidas ocasiones por un pastor de la SBC desde los 14 años. Cuando una de las agresiones provocó su embarazo, fue obligada a disculparse ante la iglesia, pero se le prohibió mencionar al padre. El pastor pasó a servir en otra iglesia bautista del sur, y cuando Vásquez se dirigió al CE, sus súplicas fueron ignoradas y evadidas durante años hasta que Houston Chronicle realizó una investigación hace tres años.
Mientras tanto, en los últimos 20 años, una serie de presidentes de la SBC no respondieron adecuadamente a los abusos en sus propias iglesias y seminarios. En varios casos, los líderes se pusieron del lado de personas e iglesias que de forma creíble habían sido señaladas como culpables, ya sea de abusos o de encubrimiento. Uno de los expresidentes, el pastor Johnny Hunt, agredió sexualmente a la esposa de otro pastor en 2010, según descubrieron los investigadores.
En la reunión anual que se celebrará en Anaheim (California) el mes que viene, un año después de haber votado el inicio de la investigación, miles de bautistas del sur decidirán si están preparados para realizar los drásticos y costosos cambios que recomienda el informe en beneficio de los supervivientes y de la seguridad de la iglesia.
«En medio de mi dolor, rabia y decepción por los graves pecados y fracasos que este informe pone al descubierto, creo sinceramente que los bautistas del sur debemos decidirnos a cambiar nuestra cultura y a aplicar [estas] reformas tan desesperadamente necesarias», dijo Ed Litton, presidente de la SBC, en una declaración a CT. «El momento es ahora. Tenemos mucho que lamentar, pero el dolor genuino requiere una respuesta piadosa».
Guidepost Solutions, la empresa externa de investigación, quiere que la denominación de 13.7 millones de miembros cree una base de datos en línea de los abusadores, ofrezca compensación a los supervivientes, limite drásticamente los acuerdos de no divulgación y establezca una nueva entidad dedicada a responder a los casos de abuso. Las directrices del informe de 288 páginas les sonarán familiares a los supervivientes y a los defensores de derechos humanos que han venido reclamando estas medidas desde el principio.
«¿Cuántos niños y miembros podrían haberse librado de un daño horrible si el Comité Ejecutivo hubiera actuado en 2006, cuando les escribí por primera vez, instándoles a tomar medidas concretas? ¿Y cuántos supervivientes podrían haberse ahorrado el infierno de sufrir un segundo trauma al intentar denunciar los abusos sexuales del clero en una estructura que sistemáticamente les da la espalda?», preguntó Brown en una carta de 2021. «La prolongada resistencia del Comité Ejecutivo de la SBC a las reformas en materia de abusos ahora ha dado lugar a toda una nueva cosecha de víctimas de abusos sexuales a manos de clérigos, y de supervivientes que sufrieron un segundo trauma en sus esfuerzos por denunciar».
Al anticiparse a la publicación del informe, el actual presidente interino del CE, Willie McLaurin, y el gobernador de la junta del CE, Rolland Slade, citaron el libro de Eclesiastés: «Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aun la realizada en secreto» (12:14).
Los líderes actuales instaron a los bautistas del sur a ser receptivos a las malas noticias.
«Este es un tiempo y una temporada para buscar nuestros defectos; un tiempo para abrazar las conclusiones del informe, un tiempo para reconstruir la confianza de los bautistas del sur y un tiempo para sanar afrontando los retos requeridos con los cambios necesarios que se esperan», escribieron la semana pasada.
La mayor investigación de la historia de la SBC
El informe representó un compromiso de 2 millones de dólares, con 330 entrevistas y cinco terabytes de documentos recopilados durante un lapso de ocho meses. El CE también se comprometió a destinar otros 2 millones de dólares a los costos legales de la investigación, lo que supone una inversión total de 4 millones de dólares, financiados por las iglesias y convenciones que aportan al Programa Cooperativo.
La abogada defensora Rachael Denhollander, que asesoró al grupo de trabajo de la SBC que coordinó la investigación, tuiteó: «El nivel de transparencia en esa investigación es incomparable». Se trata de la mayor investigación de la historia de la SBC; ya ha cambiado la composición del CE y puede determinar la trayectoria de esta denominación de 177 años de antigüedad.
La investigación de Guidepost incluyó comunicaciones legales privilegiadas sobre los casos de abuso de los últimos 20 años, una disposición que llevó al presidente del CE, Ronnie Floyd, a dimitir en octubre y al bufete de abogados Guenther, Jordan & Price a retirar sus servicios después de 60 años de trabajar para la SBC.
Según el informe, el bufete aconsejó activamente al CE que no asumiera la responsabilidad de los abusos. Guenther trabajó junto a Boto, un abogado que estuvo involucrado en el CE desde la década de 1990 y hasta 2019, sirviendo como fideicomisario, vicepresidente, consejero general y presidente interino. Fue aliado de Paige Patterson durante el Resurgimiento Conservador. (El año pasado, a Boto se le prohibió desempeñar cualquier cargo en las entidades bautistas del sur como resultado de un acuerdo legal que implicaba movimientos financieros después de que Patterson fuera despedido de un seminario de la SBC por el mal manejo de una acusación de violación).
Boto y Guenther convirtieron cada discusión sobre los casos de abuso en una discusión sobre cómo proteger al CE de responsabilidades legales, haciendo de ello la máxima prioridad, según el informe.
«Cuando se presentaron acusaciones de abusos al CE, incluidas las acusaciones de que había delincuentes sexuales condenados que seguían en el ministerio, los dirigentes del CE no solían hablar de esta información fuera de su círculo más íntimo, a menudo no respondían a el o la superviviente, y no tomaban ninguna medida para enfrentar estas acusaciones con el fin de evitar los abusos en curso, o la repetición de tales abusos en el futuro», asegura el informe. «Casi siempre el enfoque interno se centró en proteger a la SBC de las responsabilidades legales y no en atender a los supervivientes o crear algún plan para prevenir los abusos sexuales dentro de las iglesias de la SBC».
La Convención Bautista del Sur dice con orgullo que consiste en un grupo de iglesias autónomas. Se unen para el trabajo misionero, el compañerismo y la capacitación, pero la convención no tiene jerarquía. No ordena ni nombra pastores, ni tiene autoridad sobre las 47 000 iglesias que han decidido afirmar sus declaraciones de fe y hacer aportaciones a su Programa Cooperativo.
Esa falta de supervisión significa que cuando algo va mal en una iglesia o entidad de la SBC, el CE puede alegar que no tiene la culpa puesto que las iglesias son independientes. El asesor jurídico argumentó que cuanto más dirigieran los líderes de la denominación a las iglesias para tratar los casos de abuso, mayor responsabilidad asumiría la SBC por los errores y la mala gestión.
Según el informe, ya en el año 2000, Patterson consideró que la capacitación en prevención de abusos era una forma de defenderse de las demandas, y le dijo a un pastor que las iglesias que pudieran documentar «algún esfuerzo por educar a los que trabajan entre los niños sobre cómo vigilar y responder a los peligros» no tendrían litigios contra ellas.
Como presidente de los seminarios Southeastern y Southwestern, Patterson disuadió a dos mujeres que compartieron acusaciones de violación de presentar sus denuncias. Fue despedido del Seminario Teológico Bautista Southwestern en 2018 por su respuesta y ha sido demandado, junto con el seminario, por la estudiante de Southwestern.
El socio de Patterson, Paul Pressler, abogado y líder durante el Resurgimiento Conservador, también enfrenta un litigio por las afirmaciones de que utilizó su poder para abusar de jóvenes varones, y la propia SBC está mencionada en la demanda. (Ni Patterson ni Pressler, ex vicepresidente ejecutivo de la SBC y ex miembro del CE, aceptaron ser entrevistados para la investigación, aunque los abogados de Patterson presentaron un documento de dos páginas).
Patterson y su compañero, el ex presidente de la SBC Jerry Vines, han sido objeto de escrutinio por su anterior apoyo a Darrell Gilyard, un pastor con una serie de acusaciones de conducta sexual inapropiada que se remontan a la década de 1990. El informe cita a un miembro del CE que, en un correo electrónico, dijo que 44 mujeres acudieron a los dos líderes de la SBC para hablar de Gilyard, «y en casi todos los casos, se les avergonzó por ello y se les hizo sentir que no se les creía. Según todos los relatos publicados, parece que Gilyard pasó de una iglesia a otra y dejó vidas arruinadas a su paso».
Los abogados del CE, Guenther y Boto, discutieron la idea de una base de datos de abusadores desde 2004, en respuesta al caso de Brown. El tema volvió a surgir en 2007, tras una moción en la reunión anual. El personal del CE no siguió adelante con la idea en ese momento. Guenther escribió en un correo electrónico que le preocupaba que «se pudiera pensar que la SBC tenía el deber de advertir a un tribunal».
Sin embargo, con la ayuda del portavoz y vicepresidente Roger «Sing» Oldham y de un miembro no identificado del personal del CE, comenzaron a llevar una lista. A petición de Boto, según el informe, el miembro del personal recopiló recortes de prensa y realizó un seguimiento de los pastores abusivos en una tabla con nombre, año, estado y denominación. La primera versión, en 2007, incluía a 66 personas detenidas o demandadas por abusos. Para 2022, la lista creció hasta incluir 703, y se cree que 409 pertenecían a iglesias afiliadas a la SBC.
Una serie del Houston Chronicle de 2019, que marcó un parteaguas en la respuesta y la prevención de los abusos, descubrió a 380 pastores afiliados a la SBC acusados de abusos sexuales.
Sin embargo, mientras la lista secreta de ministros abusadores crecía, los líderes del CE siguieron haciendo de los supervivientes y sus defensores el objeto de sus críticas. Se quejaron de que los supervivientes no entendían la política de la SBC y de que querían aprovecharse de la denominación. Patterson calificó al grupo de defensa SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests) de ser «tan reprobable como los mismos delincuentes sexuales». Un miembro del CE dijo que Brown, que dirigía StopBaptistPredators.org, donde presentaba historias de supervivientes y publicaba informes sobre ministros abusadores, era una «persona sin integridad».
Boto vio al diablo trabajando en sus esfuerzos. En un correo electrónico obtenido por Guidepost, escribió:
Todo esto debe verse como lo que es. Es un plan satánico para distraernos completamente de la evangelización. No es el evangelio. Ni siquiera es una parte del evangelio. Es una jugada de despiste. Sí, Christa Brown y Rachael Denhollander han sucumbido a una heurística de disponibilidad debido a sus victimismos. Han acudido a la SBC en busca de abusos sexuales y, por supuesto, los han encontrado. Sus protestas han provocado ciertamente una cascada de disponibilidad. (…) Pero ellas no tienen la culpa. Es el diablo el que está obteniendo un éxito temporal.
Según un miembro anónimo del personal del CE, «en casi todos los casos del pasado en que las víctimas han acudido a los que tienen el poder en la SBC, han sido rechazadas, avergonzadas y vilipendiadas. En el CE, hemos heredado una cultura de rechazo a quienes cuestionan el poder o acusan a los líderes».
Sin embargo, los principales líderes bautistas del sur no se limitaron a descreer e insultar a los supervivientes. En algunos casos, se alinearon con los autores convictos o confesos y les ayudaron personalmente.
El informe incluye varios ejemplos:
- Mike Stone, ex presidente del CE y candidato a la presidencia de la SBC en 2021, ayudó a elaborar una disculpa para un pastor amigo suyo después de que se descubriera que éste había intercambiado mensajes de texto explícitos con alguien de su congregación en 2019. Stone declaró que «nunca ha apoyado ni apoyaría a sabiendas a una iglesia que retuviera a un pastor acusado de conductas sexuales inapropiadas» y que no había oído hablar de las acusaciones contra el pastor hasta que se le preguntó por ellas durante la investigación de Guidepost.
- Augie Boto testificó como testigo de carácter para el entrenador de gimnasia de Nashville, Marc Schiefelbein, que había sido condenado en 2003 por acoso sexual contra una niña de 10 años.
- Jack Graham, presidente de la SBC de 2002 a 2004, no denunció a un ministro de música que fue despedido en 1989 después de que la Iglesia Bautista de Prestonwood se enterara de que había abusado de un menor. El ministro se pasó a otra iglesia y fue condenado por sus delitos en Prestonwood más de 20 años después. (La iglesia «niega categóricamente la forma en que el informe caracteriza el incidente de hace 33 años», dijo el actual pastor ejecutivo Mike Buster en una declaración. «Prestonwood nunca ha protegido ni apoyado a abusadores, ni en 1989 ni después»).
- Steve Gaines, presidente de la SBC de 2016 a 2018, sabía que un ministro del personal de su iglesia, Bellevue Baptist, había abusado anteriormente de un niño, pero no lo reveló sino hasta que el caso salió a la luz en un blog.
El informe de investigación también encontró casos en los que los propios líderes del CE cruzaron las líneas morales:
- Frank Page, presidente del CE, dimitió repentinamente en marzo de 2018. Un comunicado oficial dijo que la dimisión se debía a una «relación moralmente inapropiada». El CE no investigó si fue consensuada, ni investigó «si su conducta se había trasladado también al lugar de trabajo».
- Johnny Hunt, presidente de la SBC de 2008 a 2010, manoseó y besó a la esposa de un pastor más joven un mes después de que terminara su mandato presidencial y dijo a la pareja que lo mantuviera en secreto.
La agresión sexual de Hunt no había sido denunciada anteriormente. La mujer y su marido, un pastor de la SBC, se presentaron durante la investigación para compartir con Guidepost lo sucedido. Hunt, expastor de la Primera Iglesia Bautista de Woodstock, en Georgia, había sido vicepresidente de la Junta de Misiones Norteamericanas de la SBC antes de dimitir el 13 de mayo. El Seminario Teológico Bautista del Sureste tiene una cátedra nombrada en su honor.
Según cuenta la pareja, son 24 años más jóvenes que Hunt, que se ofreció a ayudarles en su ministerio. En un momento dado, él hizo los arreglos necesarios para conseguir un espacio para que la mujer se alojara durante una visita a Panama City Beach, donde Hunt estaba pasando su año sabático. Entonces entró en el apartamento donde la mujer estaba sola y la agredió sexualmente, bajándole la ropa, inmovilizándola en el sofá, manoseándola y besándola.
Tras el incidente de julio de 2010, la pareja se reunió con Hunt en su iglesia. Este les advirtió que si decían algo «repercutiría negativamente en las más de 40 000 iglesias a las que representaba el Dr. Hunt» y les remitió al consejero Roy Blankenship, del grupo ministerial HopeQuest. Blankenship confirmó que había ocurrido algo entre la esposa y Hunt, y dijo a los investigadores que Hunt debería haber sido quien lo impidiera, pero «se necesitan dos para bailar el tango».
En una entrevista concedida a Guidepost, Hunt negó haber agredido a la mujer y dijo que nunca entró en su apartamento. Los investigadores de Guidepost encontraron otros tres testigos que corroboraron partes del relato de la mujer y su marido. No consideraron creíbles las declaraciones de Hunt.
Hunt ha estado asociado anteriormente con el apologeta Ravi Zacharias y fue invitado especial en la gran inauguración en 2009 del spa en el que Zacharias abusaba de las masajistas [enlaces en español]. El año pasado, Hunt lamentó los abusos de Zacharias, calificándolos de «pecado… contra tantas mujeres inocentes».
Mensajeros apoyaron las reformas
Tras el movimiento #MeToo, las supervivientes de la SBC atrajeron la atención de los medios de comunicación.
En 2018, Jules Woodson, quien fue agredida sexualmente por su pastor de jóvenes, contó a The New York Times lo que significó para ella ver cómo una iglesia entera le aplaudía después de que él confesara vagamente «un incidente sexual». Ese mismo año, Megan Lively contó a The Washington Post cómo Paige Patterson le había dicho que no denunciara su violación a la policía. En 2019, la investigación de Chronicle presentó los perfiles de más supervivientes.
A raíz de ello, los bautistas del sur se pronunciaron y tomaron medidas. Los mensajeros de las reuniones anuales adoptaron resoluciones que afirmaban la dignidad de las mujeres y condenaban los abusos. Votaron a favor de modificar sus estatutos para nombrar los abusos explícitamente como motivo de expulsión de la SBC. Encargaron a un comité que hiciera recomendaciones si una iglesia estaba en infracción.
En 2018, también eligieron a un presidente que hizo de la respuesta a los abusos una parte central de su agenda. Bajo el mandato de J. D. Greear, la SBC introdujo la formación en torno a la prevención y la respuesta a los abusos, la Iniciativa Caring Well, y celebró conferencias para escuchar a supervivientes, expertos y pastores.
Pero, según el informe de Guidepost, casi todos estos esfuerzos se encontraron con críticas y resistencias de parte de algunos líderes de la SBC, quienes decían que dar prioridad al tema de los abusos podría dar lugar a demandas.
A veces, la división era clara desde el exterior: Greear, como presidente de la SBC, hizo referencia al abuso 81 veces durante su discurso en la reunión anual, mientras que Floyd, como presidente del CE, no lo mencionó como prioridad en su plan Visión 2025.
Entre bastidores, según el informe de Guidepost, el asesor jurídico del CE aconsejó que se restara importancia al asunto. Presionaron a la Comisión de Ética y Libertad Religiosa (ERLC, por sus siglas en inglés) para que no se refiriera a los abusos sexuales en la SBC como una crisis y evitara un «lenguaje incendiario», como decir que la denominación le había fallado a los supervivientes. Los miembros del CE trataron de censurar las críticas a la mala gestión de los casos de abuso por parte de la SBC y condenaron cualquier esfuerzo por permitir que los supervivientes y los expertos en abuso hablaran en los eventos de la SBC.
«Gente, esto no es nada bueno», escribió Floyd en un correo electrónico obtenido por los investigadores. «No podemos permitir que las entidades de la SBC coloquen a personas en plataformas que denuncien los asuntos relacionados con la SBC y algunos de sus líderes y exlíderes [sic]. Todo el trabajo sobre la unidad está siendo cuestionado».
Estos enfrentamientos y amenazas dentro de la SBC se hicieron públicos hace un año en cartas y grabaciones filtradas que recogían la comunicación de los antiguos líderes de la ERLC, Russell Moore (ahora teólogo residente de la CT) y Philip Bethancourt. Los documentos fueron un llamado de atención para los pastores, pues sugerían los esfuerzos de los líderes del CE por intimidar a los supervivientes y resistirse a la reforma. Estimularon la demanda de una investigación sobre el CE.
«Nos sorprendió muchísimo», dijo Grant Gaines a CT el año pasado, un pastor de Tennessee que presentó la moción para investigar al CE. «Pero no debería habernos sorprendido. Estos supervivientes y sus historias están ahí fuera».
Una de las historias que ha salido a la luz pública es la de Jennifer Lyell. Un profesor de seminario abusó de ella, pero un artículo publicado en marzo de 2019 en Baptist Press, publicado por el CE, calificó su abuso como una «aventura». En el momento de la publicación, Lyell era una ejecutiva de Lifeway y la mujer de mayor rango en la SBC. La validez de su relato fue respaldada por el presidente del Seminario del Sur, Al Mohler.
Lyell acabó dejando su trabajo y sufriendo angustia física y mental como resultado de las repercusiones, así como de los meses que tomó conseguir que se corrigiera la historia y buscar una restitución.
En un hilo de Twitter tras la publicación del informe, Lyell describió que tuvo que esperar las tensiones entre el CE, que controlaba la corrección del artículo sobre ella y estaba en alerta en ese momento por cómo otras figuras de la SBC hablaban de los abusos, y los líderes de otras entidades, que apoyaban su historia pero podrían haber sufrido represalias por hablar en su favor.
Recibió una disculpa del CE en febrero de 2022 y un acuerdo no revelado. Los fideicomisarios del CE, según Guidepost, no sabían que ella había presentado una demanda por difamación y que también había recibido un acuerdo en mayo de 2020.
Hannah Kate Williams también demandó al CE por negligencia a la hora de responder a los abusos de su padre, que era empleado de las entidades de la SBC, así como por los supuestos esfuerzos por difamarla cuando hizo público su caso.
Los abogados del CE criticaron a Greear por repetir los nombres de 10 iglesias denunciadas en la investigación del Houston Chronicle por emplear a pastores abusivos y por pedir a un subcomité del CE que los investigara. Guenther dijo que iban a ser demandados por difamación y trabajó para limpiar los nombres de las iglesias. Boto llamó a una de ellas para disculparse.
Meses más tarde, Boto se opuso a la creación del comité de credenciales, que estaría encargado de examinar si una iglesia ha infringido los criterios relativos a los abusos u otras cuestiones que harían que «dejara de cooperar amistosamente» con la SBC.
El comité de credenciales, que se reconfiguró para este nuevo propósito en 2019, también frustró a los supervivientes porque era confuso e ineficaz, según Guidepost. No tenía directrices escritas, ni capacitación, ni personal de apoyo de tiempo completo.
Debido al limitado alcance que se le autorizó, basado en la política de la SBC, no podía ocuparse de los errores cometidos por las iglesias en el pasado, ni podía realizar investigaciones para determinar la culpabilidad o la inocencia de un pastor, sino solo la respuesta de la iglesia. Como resultado, se tardaba en promedio nueve meses en dar a conocer una decisión, y algunos no recibían respuesta alguna. Algunos casos no consiguieron siquiera pasar por el torpe sitio web que el comité tenía en operaciones y cuyo uso era exigido para impugnar la pertenencia de una iglesia.
En los últimos tres años, el comité tramitó 30 propuestas y solo expulsó a 3 iglesias por casos de abuso. En cada caso, la ofensa era obvia y atroz: la iglesia había empleado a sabiendas a un delincuente sexual. El comité no hizo ningún comentario público sobre los resultados de las otras 27 presentaciones contabilizadas por el reciente informe. Los investigadores de Guidepost descubrieron que cinco iglesias renunciaron voluntariamente y otra se disolvió durante la revisión del comité de credenciales.
Nueva entidad y otras recomendaciones
El grupo de trabajo que supervisó y publicó la investigación del CE considera que el lamento público es un primer paso para responder a la investigación. También han pedido que los bautistas del sur voten para establecer un nuevo grupo de trabajo que pueda evaluar cómo implementar los cambios recomendados de acuerdo con la política bautista.
El informe ofrece 30 páginas de recomendaciones para el CE y el comité de credenciales, que incluyen:
- Crear una entidad permanente que supervise la respuesta y la prevención de los casos de abuso sexual.
- Poner en marcha un «sistema de información sobre delincuentes sexuales», es decir, una base de datos en línea en la que las iglesias puedan participar voluntariamente para informar de abusos comprobados o encubrimientos.
- Publicar una lista de iglesias y personas expulsadas a las que se les haya revocado la ordenación o los títulos.
- Facilitar programas para ayudar a los supervivientes, y proporcionar una compensación que salga de las donaciones de la SBC para cubrir la ayuda médica y psicológica.
- Pedir disculpas a los supervivientes y erigir un monumento conmemorativo, añadiendo un Domingo de los Supervivientes al calendario de la SBC.
- Prohibir los acuerdos de no divulgación, excepto cuando lo soliciten las víctimas.
- Exigir un código de conducta que deba usarse para trabajar en la SBC o para asistir a un seminario.
- Contratar a un jefe de cumplimiento o a un responsable de ética y cumplimiento para el personal de la SBC.
«Debemos decidirnos a dar nuestro tiempo y recursos no solo para atender bien a los supervivientes de abusos sexuales, sino para proporcionar una cultura de responsabilidad, transparencia y seguridad a medida que avanzamos», dijo el grupo de trabajo en una declaración publicada con el informe.
«Reconocemos que cualquier acto de arrepentimiento requiere obediencia y sacrificio continuos, deliberados y dedicados. Este es el llamado de nuestro Salvador a unirnos como cuerpo para seguirle».
Christa Brown, superviviente de abusos y defensora de otros casos similares, dijo en su declaración a Guidepost que no tenía esperanzas de que se produjera un cambio significativo, pero que seguía orando para que el informe «pudiera aportar una pequeña medida de justicia».
«La Convención Bautista del Sur tiene la obligación moral de proteger las vidas, los cuerpos y la humanidad de los niños y los miembros de sus iglesias afiliadas, de proporcionar atención y validación a TODOS los que han sufrido abusos sexuales por parte de clérigos de la SBC», escribió, así como «de garantizar la responsabilidad de los abusadores y de los facilitadores, y de crear sistemas que garanticen que estas parodias inhumanas y desmedidas no persistan en las generaciones futuras».
Este artículo se ha actualizado con las respuestas de las personas citadas en el informe.
Traducción y edición en español por Livia Giselle Seidel.
