Detrás del asesinato de ocho líderes cristianos en Colombia se esconde una historia de violencia, desplazamiento forzado y confusión de identidades. Sus cuerpos fueron descubiertos la semana pasada en una fosa común.
Un pastor de la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular (ICCC, la rama colombiana de la Iglesia Cuadrangular) y otras siete personas afiliadas a la ICCC y a la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia desaparecieron en abril.
Habían viajado al caserío de Puerto Nuevo en respuesta a un llamado del Frente Primero, un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los ocho cristianos habían huido previamente de Arauca, una región cercana a la frontera con Venezuela donde los grupos armados han aumentado su presencia, así como las amenazas dirigidas hacia pastores y grupos cristianos.
De acuerdo a la fiscalía de Calamar, donde se encontraron los cuerpos, el Frente Primero había confundido a los cristianos con miembros de otra organización armada, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene una de sus principales bases en la región de Arauca.
«Esta situación aparentemente se da por el origen de algunos de ellos; son de origen araucano, y en esa paranoia criminal, los victimarios asumen que son integrantes del ELN», dijo al diario El Colombiano el fiscal Raúl González.
La masacre conmocionó a los cristianos de Calamar. Imágenes del lugar del entierro muestran cruces de madera rudimentarias, lo que sugiere que los residentes locales posiblemente trataron de honrar a las víctimas lo mejor que pudieron antes de que los funcionarios del gobierno descubrieran las tumbas.
Las víctimas fueron identificadas como Nixon Peñalosa, Maryuri Hernández, Isaíd Gómez, Maribel Silva, James Caicedo, Oscar García, Jesús Valero y Carlos Valero. Según un pastor local, eran «hermanos de buen testimonio, personas que siempre mostraron su compromiso con la comunidad».
Tras el hallazgo de los cuerpos, se desató aún más violencia en el municipio de Calamar. El viernes, un dron con una granada impactó una base militar cerca del centro del pueblo.
Como resultado, se suspendieron los servicios administrativos gubernamentales durante el día, con el argumento de que había riesgos para la seguridad de los empleados públicos. Las iglesias de la zona también adelantaron los servicios vespertinos del domingo a primera hora de la tarde, entre las 2:00 p. m. y las 3:00 p. m., para garantizar que la gente estuviera en casa al anochecer.
«Hay un ambiente tenso, pero la gente no ha dejado de congregarse. Consideramos la masacre como un incidente aislado, pero pedimos mucha oración», dijo el pastor.
El conflicto armado que duró décadas en el país, terminó oficialmente en 2016 con el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. No obstante, muchas partes de Colombia siguen siendo territorios en disputa entre las fuerzas estatales y los grupos armados que rechazaron o abandonaron los acuerdos.
Calamar es un pueblo de 11 000 habitantes en el departamento del Guaviare, una región selvática en el sudeste de Colombia. Está en el corazón del conflicto por el territorio entre el Frente Primero (también conocido como Frente Armando Ríos, comandado por alias Iván Mordisco) y la facción liderada por Calarcá Córdoba.
El mes pasado, del 7 al 21 de junio, Mordisco ordenó un toque de queda en el departamento del Guaviare de las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m.
La economía de la región, que depende de la agricultura y la ganadería, se enfrenta a retos relacionados con la producción y la logística. La falta de vigilancia da lugar a actividades ilegales, como la siembra de coca para la producción de cocaína.
Tanto los observadores internacionales como los legisladores colombianos han condenado los asesinatos.
«Ocho líderes cristianos han sido masacrados en Calamar, Guaviare. Este acto atroz enluta al país y es una señal alarmante de que la libertad religiosa está en peligro en las regiones más olvidadas de Colombia», dijo la senadora Lorena Ríos, una defensora de la libertad religiosa.
Ríos ha pedido una investigación completa a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección, exigiendo justicia para las víctimas y garantías de seguridad para las comunidades cristianas en zonas rurales de conflicto.
Varias organizaciones cristianas en Colombia, incluida la Confederación Evangélica (CEDECOL), se han hecho eco de sus demandas y han pedido al gobierno que tome medidas decisivas para proteger a los pastores y líderes religiosos en zonas de alto riesgo.
En una publicación en la red social X, el presidente colombiano Gustavo Petro describió los acontecimientos como «una grave afrenta al derecho a la vida, a la libertad religiosa y al trabajo espiritual y comunitario que tantas personas adelantan en regiones históricamente golpeadas por la violencia», y llamó a las entidades estatales a redoblar sus esfuerzos para proteger a los líderes sociales y religiosos.
Grupos cristianos y judíos criticaron duramente a Petro el pasado mes de abril por elegir a un rabino antisionista llamado Richard Gamboa como nuevo director de la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, responsable de coordinar el diálogo interreligioso y promover la libertad religiosa en el país.
Los grupos de defensa de los derechos cristianos están particularmente preocupados por este último incidente. Puertas Abiertas, un organismo de vigilancia mundial sobre la persecución religiosa, coloca a Colombia en el puesto 46 en su Lista Mundial de Persecución 2025. La organización señala amenazas persistentes, acoso e incluso asesinatos de líderes religiosos que se oponen a la influencia de los grupos armados en las zonas rurales de Colombia.
«Colombia mejoró doce puestos en la Lista Mundial de Persecución el último año, pero esto no debe tomarse como una señal de que todo está bien», afirma Puertas Abiertas en su último informe anual. «Los líderes eclesiásticos corren un riesgo particular porque se considera que compiten por la influencia sobre los jóvenes, que constituyen gran parte de las filas de los grupos guerrilleros».
Esta reciente masacre se suma al asesinato del pastor Marlon Lora, su esposa y su hija el 29 de diciembre de 2024 en Aguachica, departamento de César, en el norte de Colombia, en circunstancias misteriosas. La investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación demostró que los sicarios aparentemente confundieron a una de las víctimas con una mujer a la que les habían pagado para matar.
«Calamar es un lugar de gente buena, con ganas de salir adelante. Y gente trabajadora», dijo un pastor local.
«Dios ha estado levantando personas de diferentes maneras aquí, restaurando familias, y la iglesia ha florecido maravillosamente», dijo. «Pero en medio de todo esto, debemos saber que hay una lucha espiritual que no es contra la carne y la sangre, sino contra las obras del enemigo. Es nuestro deber buscar a Dios y clamar a Él».
Hernán Restrepo es un periodista colombiano que vive en Bogotá. Desde 2021, administra las cuentas de redes sociales de Christianity Today en español.
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