Cuando los miembros de la Iglesia Bautista Refugio de Generaciones salen a evangelizar, el pastor Esaú Aguilar sabe que tendrán compañía.
Los halcones, jóvenes que trabajan para los cárteles locales de la droga, los siguen de cerca.
En El Refugio, un pequeño pueblo al oeste de Guadalajara, México, los halcones dan la señal de alerta cuando la policía, bandas rivales o cualquier otro grupo podría amenazar el negocio. El pueblo de 7000 habitantes está situado en el centro del estado mexicano de Jalisco, que cuenta con una de las poblaciones evangélicas más pequeñas del país (solo el 4.7 %), y que es cuna del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación, que ha sido clasificado como una organización terrorista por parte del gobierno estadounidense.
En marzo de este año, las autoridades descubrieron el Rancho Izaguirre, un centro de capacitación y campo de ejecución dirigido por el cartel. Este «Auschwitz mexicano», como lo llamó el periódico El País, se encuentra a diez minutos en auto de la iglesia rural de Aguilar.
En el rancho, un recinto de una hectárea con un único edificio pequeño y un par de caballos pintados en la puerta principal, las autoridades encontraron cenizas y fragmentos de huesos, así como 200 pares de zapatos, cientos de prendas de vestir, mochilas y libros.
Las personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos pueden consultar un catálogo en internet en el que aparecen todos los hallazgos. Una Biblia y un par de zapatos deportivos recogidos en el Rancho Izaguirre ayudaron a una familia a identificar a su hija.
Los cárteles de la droga imponen tal miedo sobre amplios sectores de la sociedad mexicana que el descubrimiento del lugar le brindó a Esaú Aguilar una especie de extraño alivio.
«Estamos en una zona complicada», dijo el pastor. «Cuando todo esto sucedió, nos dio un poco más de tranquilidad. Vinieron muchos soldados, y se respeta más a los soldados que a los simples policías».
Según informes gubernamentales analizados por el periódico El Universal, las organizaciones criminales operan en el 75 % del territorio de México, lo que hace casi imposible que las iglesias y los ministerios del país no se sientan amenazados por los cárteles.
La mayoría de las veces, los grupos criminales no eligen a las iglesias ni a los evangélicos como objetivos principales. Los líderes de los cárteles «dicen que estamos cuidando a sus familias», dijo Constantino Varas, presidente de la Convención Nacional Bautista de México.
Pero incluso sin que los líderes de las pandillas obliguen directamente a cerrar los lugares de culto, su presencia hace que los feligreses se sientan intranquilos.
«En algunos casos, no había cultos porque no hubo quórum», dijo Varas. «Las familias tuvieron que huir porque las bandas estaban reclutando a los jóvenes en la ciudad. No había personas para reunirse».
El año pasado, iglesias en al menos diez municipios del sur de México cerraron sus puertas por temor a la violencia de los cárteles. Además, se han difundido informes de pandillas criminales que secuestran y extorsionan a pastores.
«Estas organizaciones criminales tienen intereses económicos evidentes. Cuando alguien recibe donaciones o tiene una gran cantidad de diezmos, puede convertirse en blanco para ellos», dijo Teresa Flores, directora del Observatorio Latinoamericano para la Libertad Religiosa (OLIRE).
Flores dijo que las autoridades no suelen abordar este tipo de violencia como persecución religiosa. Dado que es generalizada, no puede calificarse como «hostilidad sistemática o maltrato infligido a una persona o grupo por sus creencias religiosas».
Pero la actividad criminal en México sigue ejerciendo presión sobre la minoría evangélica del país.
«La violencia hace que se cambien los horarios o días de culto porque no se puede salir por la noche, por ejemplo», dijo Flores. «También hace que las personas no asistan a los servicios porque puede haber riesgo; pueden ocurrir balaceras».
Estos incidentes interfieren en la labor de los ministerios religiosos, que son promotores de la paz. «Las iglesias trabajan para llevar esperanza y hacer más resistente a la comunidad; ayudan a la gente a navegar ese espacio de violencia», dijo.
Chiapas, situado en la frontera sur con Guatemala, es el estado más evangélico de México, ya que un tercio de la población se identifica como protestante o evangélica. También es uno de los lugares donde la persecución contra los cristianos evangélicos es más frecuente.
En las regiones habitadas por grupos indígenas que practican una forma de catolicismo mezclado con prácticas espirituales locales, los conversos al protestantismo se enfrentan a represalias de la comunidad que pueden llegar a ser violentas. A algunos se les pueden cortar servicios básicos como el agua potable y la electricidad, y a los niños de familias evangélicas se les puede prohibir asistir a las escuelas comunitarias.
La persecución se ha intensificado en los últimos años, ya que los grupos criminales forman alianzas con los líderes locales que ya ejercían presión sobre los evangélicos, dijo Flores.
«Durante muchos años hemos tenido personas cercanas que nos hablan de esta intersección entre el crimen organizado y la persecución en algunas comunidades de esa zona», dijo. «Esa alianza no es algo público, y son cosas muy difíciles de cuantificar en un informe».
Una persona que trabaja con un ministerio describió cómo los aldeanos de Chiapas les piden a los misioneros que les ayuden a viajar a otros lugares para acceder a servicios que les han sido bloqueados, como ir al médico o solicitar documentos en una oficina del gobierno.
«En una ocasión, los criminales se habían robado todos los autos en el pueblo», dijo el trabajador. (CT no revela su nombre por motivos de seguridad en la región).
Las organizaciones criminales en estas áreas aprovechan el trato especial y las excepciones que la ley mexicana ha otorgado a las comunidades indígenas para que administren sus comunidades de acuerdo con sus prácticas ancestrales, conocidas como «usos y costumbres».
Fuentes locales le dijeron a CT que los cárteles toman ilegalmente el control de los ejidos, que son tierras destinadas a la agricultura comunal, mediante amenazas o sobornos.
Actualmente, la región se enfrenta a una disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, ya que ambos grupos saben que la zona es un nicho para el tráfico de drogas y de migrantes con destino a Estados Unidos.
El conflicto en la región se remonta a décadas atrás. Muchos combatientes paramilitares que en su día pertenecieron al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (un grupo guerrillero de orientación marxista) ahora trabajan para los cárteles. Y la violencia se está extendiendo a las comunidades locales, según afirman algunos líderes ministeriales.
«Antes, [los narcotraficantes] no se metían con la gente, pero en los últimos tres años se han involucrado con la sociedad», dijo un pastor evangélico, cuyo nombre no se revela por motivos de seguridad.
Los narcotraficantes de la ciudad demandan a los líderes locales que envíen gente para ayudar a bloquear las carreteras o recolectar dinero de los comerciantes. Quienes se niegan corren el riesgo de ser golpeados o torturados.
Las solicitudes de voluntarios por parte del cártel también han llegado a la iglesia del pastor evangélico. «Decidimos no ir, así que nos impusieron una multa», dijo el pastor. Son 800 pesos (alrededor de 40 dólares estadounidenses) por persona, por día. El mantenimiento de los campamentos del cártel también pesa sobre la comunidad: les cobran una cuota mensual de 100 pesos para alimentar a los miembros de la banda.
Más que la multa, la gente teme que los reclutados para una tarea no vuelvan nunca.
Las organizaciones criminales en México dependen del reclutamiento forzoso: secuestran a jóvenes en sus hogares o los atraen con falsas ofertas de trabajo en las redes sociales. Según la Red por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en México, al menos 145 000 niños, niñas y adolescentes están en riesgo, la mayoría entre 12 y 14 años de edad.
En casos más específicos y poco frecuentes, convencen a los reclutas de participar en el estilo de vida criminal ofreciéndoles alojamiento, comida y capacitación militar gratuitos, y con altos salarios para expolicías y militares. Una vez en el crimen organizado, pueden ser asignados a diferentes cargos, como trabajar en centros clandestinos de fraudes telefónicos de diversos tipos o incluso convertirse en sicarios del cártel.
Las autoridades creen que el complejo de Jalisco, Rancho Izaguirre, servía como centro de reclutamiento forzoso.
«Familias de nuestras congregaciones, parientes, vecinos se han visto afectados por las desapariciones», dijo Moisés Contreras, pastor de la Iglesia Bautista Vida Nueva ubicada en Tala, Jalisco, 20 km al este de Rancho Izaguirre. «A mi vecina de un lado, su hijo desapareció hace dos años y ya se sabe que estuvo en Rancho Izaguirre».
En busca de su hijo, la mujer se unió a un grupo de “madres buscadoras”, que se esfuerzan incansablemente por hallar a sus hijos desaparecidos. Uno de estos grupos descubrió el Rancho Izaguirre y lo denunció a las autoridades. Desde entonces, las mujeres involucradas han recibido amenazas de muerte y una de ellas fue asesinada en abril.
Sobre la misma carretera que lleva al espantoso lugar, Refugio de Generaciones sigue reuniendo a entre 15 y 20 personas para celebrar el culto los domingos. Ahí, el pastor Aguilar reparte folletos evangelísticos; sin embargo, a pesar de la proximidad, no ha oído hablar de nadie relacionado con los cárteles que se haya acercado a la iglesia.
Esaú Aguilar divide su tiempo entre las tareas de la iglesia y su trabajo en una empresa que empaca tomates, misma que ahora corre el riesgo de cerrar debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos a México.
Y ora por los jóvenes que quedan atrapados por los cárteles.
«Es una vida de esclavitud y pecado», afirmó. «Lo único que puede librarlos de ello es el Señor Jesucristo».
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