La noche del 20 de enero, Ángel y su esposa se relajaron en la cama de la habitación que alquilan de una familia a la que apenas conocen. La mujer miró el mismo mensaje en su teléfono que había estado revisando durante lo que parecía una eternidad: Tu caso fue recibido, era todo lo que decía.
Hace ocho meses, Ángel ingresó su solicitud para el programa que permitía a los nicaragüenses entrar legalmente en Estados Unidos y trabajar durante un par de años. El mensaje que recibieron del gobierno estadounidense no cambió después de que Ángel llegara a Los Ángeles con una visa de turista para reunirse con su esposa, quien, gracias al programa, ya trabajaba como ama de llaves en un hotel. El mensaje no cambió a pesar de las promesas de la empresa que les había cobrado unos 4000 dólares (USD) por «patrocinarlos» para el programa, ni a pesar de que más tarde se dieron cuenta de que la empresa los estaba defraudando a ellos y al gobierno estadounidense.
Ángel y su esposa no eran tontos por tener esperanzas. El gobierno de Biden diseñó el programa de Permiso Humanitario [Humanitarian Parole], para personas como ellos: una forma de huir de los peligros de Nicaragua, donde ladrones armados habían irrumpido dos veces en su casa, sin cruzar ilegalmente las fronteras de Estados Unidos. Los tribunales habían aprobado el programa. Y Ángel era el tipo de inmigrante al que los estadounidenses podrían haber recibido gustosos: un contador que había trabajado para una empresa de consultoría que ayudaba a ministerios cristianos alrededor del mundo.
Pero esta vez, ambos sabían que ya no tenía sentido leer el mensaje nuevamente. El presidente Donald Trump acababa de poner fin al programa, apenas unas horas después de su regreso a la Casa Blanca. Esta vez, cuando el teléfono se apagó, se apagó con él su último rayo de esperanza.
«Tenemos el corazón roto. Tenemos que cambiar todos nuestros planes», dijo Ángel, quien ahora teme ser deportado si utiliza su nombre completo. «Seguimos esperando encontrar algo de luz en todo esto».
En la primera semana del segundo mandato de Trump, un aluvión de órdenes ejecutivas y políticas públicas sumió a las comunidades inmigrantes de todo el país en una angustiosa incertidumbre. Millones de personas como Ángel, que se encuentran en el país con permiso de las autoridades federales, se preguntan qué tan válido es realmente ese permiso ahora. Miles de refugiados, ya aprobados por el gobierno y con boletos de avión en la mano para su reasentamiento en Estados Unidos, se están enterando de que el gobierno ha cancelado su viaje.
El presidente hizo girar su campaña para las elecciones de 2024 en torno a poner un freno a la inmigración, y prometió «la mayor deportación de la historia». En su primer día en el cargo, cumplió rápidamente esa promesa, firmando diez órdenes ejecutivas y emitiendo otros decretos destinados a cambiar casi todas las facetas del sistema de inmigración del país.
Se suprimieron abruptamente miles de citas de control para los solicitantes de asilo. Se ordenó el cierre de los programas de permiso humanitario que dieron inicio bajo el gobierno de Biden y que permitían a los inmigrantes de determinados países venir a Estados Unidos durante un periodo limitado y trabajar. Se detuvo indefinidamente todo el reasentamiento de refugiados. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) obtuvo mayor poder para deportar a inmigrantes indocumentados sin procedimientos legales.
Y, para sorpresa y conmoción de los grupos ministeriales, a última hora del viernes, la administración suspendió la financiación a las organizaciones (en su mayoría religiosas) que ayudan a los refugiados que ya viven y trabajan legalmente en el país. El anuncio fue uno de una serie de movimientos aparentemente diseñados para frustrar los programas de caridad que benefician a los nacidos en el extranjero.
Los acontecimientos son una caída en picada en el reasentamiento de refugiados en los últimos años en el país norteamericano. Más de 100 000 refugiados llegaron a Estados Unidos en 2024, un récord en los últimos 30 años y un cambio drástico respecto a las cifras mínimas registradas durante la primera administración Trump.
Los refugiados llegan a Estados Unidos huyendo de la violencia o la persecución, a menudo tras haber sido perseguidos por ser cristianos. Conseguir la aprobación para el reasentamiento puede llevar años e implica a múltiples organizaciones internacionales, incluida la investigación por parte de agencias federales. Muchos defensores y activistas afirman que el programa de refugiados ha sufrido daños colaterales en medio de los debates políticos sobre la inmigración ilegal.
Ryan Dupree, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Columbia, en Carolina del Sur, ha ayudado a muchas familias de refugiados a construir una nueva vida en Estados Unidos. Su iglesia plantó una congregación dirigida por refugiados de Myanmar (Birmania). En el pasado, ha observado cómo los políticos del estado intentaban detener los programas de reasentamiento, confundiendo a los refugiados con los inmigrantes indocumentados. «Era tóxico», dijo Dupree a CT en una entrevista. «Había mucha desinformación. Eso solo hace que nuestro ministerio sea más difícil cuando intentamos ayudar a personas que vienen de una situación difícil».
El ritmo vertiginoso de las acciones de la administración ha sido «mucho que procesar», dijo Susan Sperry, quien supervisa las oficinas de Chicago de World Relief, el brazo humanitario de la Asociación Nacional de Evangélicos. Lo que la administración «publicó el primer día es esencialmente lo que tardó cuatro años en hacer, en cuanto a políticas públicas, en el primer mandato».
Algo que es especialmente significativo para las iglesias y los ministerios religiosos es que la administración eliminó el martes las restricciones que existían desde hace tiempo para realizar redadas de deportación en escuelas, lugares de culto y hospitales. Históricamente, las autoridades de inmigración han disuadido a los agentes de entrar en los llamados «lugares sensibles» para hacer cumplir las leyes de inmigración, salvo en casos especiales.
Los eventos de los últimos siete días no son simplemente una vuelta a las políticas de Trump de 2017. Múltiples líderes ministeriales dijeron a CT que son «el siguiente nivel» y «sin precedentes».
Así como los distritos escolares de California, Kentucky y Nueva York están enviando correos electrónicos al personal sobre qué hacer si los agentes del ICE se presentan en el campus, los pastores de las iglesias de inmigrantes están informando a los feligreses sobre sus derechos legales durante los encuentros con las fuerzas de inmigración.
El reverendo Gabriel Salguero, pastor de la iglesia The Gathering Place, una congregación de las Asambleas de Dios en Orlando, Florida, dijo que «estos cambios han provocado un escalofrío en la iglesia evangélica latina».
A Salguero, que también dirige la Coalición Nacional Evangélica Latina, le preocupa especialmente la perspectiva de que los agentes del ICE entren en los edificios de las iglesias o esperen fuera después de los servicios religiosos. Dijo que ha recibido «cientos de llamadas y mensajes de texto» de pastores nerviosos por la forma en que el cambio con respecto a los «lugares sensibles» podría afectar las actividades, las clases de inglés como segundo idioma y los ministerios que distribuyen alimentos. Un profesor de Nueva Jersey lo llamó, preocupado por los padres que han dejado de enviar a sus hijos a la escuela.
«No preguntamos a la gente por su estatus de ciudadanía para darles la comunión o proporcionarles alimentos», dijo Salguero. «Solo intentamos seguir el mandato evangélico de amar al prójimo».
Ningún grupo sintió los efectos de la semana pasada de forma más inmediata que los refugiados. Incluso antes de la toma de posesión, World Relief, una de las diez agencias de reasentamiento del país, había empezado a notificar a las familias de refugiados que tenían previsto volar a Estados Unidos que el Departamento de Estado había cancelado sus viajes.
Para el cuarto día de la nueva administración de Trump, las cifras habían sobrepasado las 500 cancelaciones. El personal de World Relief empezó a llamar y a visitar a los familiares —muchos de los cuales llevaban años esperando reunirse con sus seres queridos y estaban preparando fiestas de bienvenida en los aeropuertos— con la sombría noticia de que tendrían que esperar meses, quizá años, para tener otra oportunidad. La organización espera cientos de cancelaciones más esta semana. Hasta este sábado, Global Refuge, una agencia luterana de reasentamiento, había recibido hasta el sábado 1499 cancelaciones.
Trump decretó una suspensión en el programa de refugiados durante 90 días, aunque el personal de varias agencias dijo que preveía que duraría mucho más. En total, la prohibición afecta a más de 10 000 refugiados a los que previamente habían recibido una autorización para viajar.
Durante el fin de semana, los ministerios que atienden a inmigrantes también se esforzaron por dar sentido a un nuevo memorando emitido por la administración el viernes por la tarde que parece prohibirles utilizar fondos públicos para ayudar a los refugiados que ya se encuentran en Estados Unidos. El memorando, que fue revisado por CT, ordena a los grupos de ayuda que detengan los programas de servicios a los refugiados tales como la colocación laboral, las clases de inglés y la ayuda para la vivienda que sean financiados con subvenciones federales. Eso incluye los servicios prestados a los afganos que ahora se encuentran en el país y que sirvieron en el ejército estadounidense durante la guerra.
«Con efecto inmediato a la recepción de esta Notificación de Suspensión, el destinatario debe detener todo el trabajo realizado en el marco de la(s) subvención(es) y no incurrir en ningún nuevo costo», dice el memorando, refiriéndose a las subvenciones del Departamento de Estado. Esto se suma a una orden ejecutiva emitida el 20 de enero en la que se ordena al gobierno que examine la financiación federal a cualquier organización sin ánimo de lucro que «preste servicios, directa o indirectamente, a extranjeros expulsables o ilegales».
No se sabe con certeza qué efecto tendrán estas órdenes a largo plazo. Los grupos sin ánimo de lucro aún están evaluando su impacto, pero están haciendo planes considerando la posibilidad real de que diezmen su capacidad de servir a las comunidades vulnerables. Según los registros del gobierno, los cientos de millones de dólares que los ministerios recibieron para ayudar a los refugiados podrían quedar ahora congelados.
Los grupos de ayuda a los refugiados tendrán que depender de las iglesias y los grupos comunitarios «más que nunca», dijo el vicepresidente de World Relief, Matthew Soerens.
En cuanto a la gran deportación prometida, a apenas una semana desde el inicio de la nueva administración, aún no se ha materializado del todo. A finales de la semana pasada, la Casa Blanca anunció que los agentes del ICE estaban deteniendo a entre 500 y 600 personas al día (menos personas de las que el ICE solía detener en un día normal durante gran parte del gobierno de Obama).
Pero es muy pronto para emitir evaluaciones, y puede que la retórica ya esté teniendo el efecto deseado.
En Los Ángeles, Ángel y su esposa están sopesando sus opciones. Saben que tendrán que salir de Estados Unidos: el permiso humanitario de ella expirará a finales de año, y el jueves pasado, el nuevo presidente autorizó a los agentes del ICE a despojar a las personas de su permiso humanitario aunque no hubiera expirado.
La pareja no quiere volver a Nicaragua, pero tampoco quiere solicitar asilo en Estados Unidos. Han oído rumores de que las autoridades nicaragüenses confiscan las propiedades de las personas que saben que no regresarán. El gobierno nicaragüense, dice Ángel, tiene informantes en todas partes y «sabe cuándo una persona ha pedido asilo».
Han considerado la posibilidad de dirigirse hacia el norte, a Canadá. O tal vez podrían conseguir algún día una visa de trabajo y regresar a Estados Unidos. Quieren tener un hijo algún día. Pero simplemente no saben qué harán.
«Sigo esperando que este presidente se haya llevado todas las oportunidades porque algo mejor está por venir», dijo Ángel. «En realidad, sigo pensando que Estados Unidos es la tierra prometida».
Con información adicional de Kate Shellnutt.
Andy Olsen es redactor sénior de Christianity Today.
