Manuel Mayllazhungo llevaba poco más de una semana detenido en el norte del estado de Nueva York cuando los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le dijeron que iba a ser trasladado al sur, a un centro en Luisiana.
Mayllazhungo había oído que Luisiana solía ser el último lugar que los detenidos veían antes de ser deportados de los Estados Unidos.
El ecuatoriano de 37 años, con grilletes en las muñecas y los tobillos, entró arrastrando los pies en una sala donde los guardias comenzaron a tramitar su traslado. Lo registraron y le vaciaron los bolsillos.
Cuando un guardia sacó un trozo de papel con una lista de números de teléfono escritos a mano, Mayllazhungo le dijo que lo necesitaba. «Es el número de mi abogada», dijo. «Necesito comunicarme con ella».
«Eso ya no te servirá de nada», respondió el guardia. «Te vas a tu país. En este país ya no existes».
Según Mayllazhungo, quien compartió su relato por teléfono en español, el guardia tiró el trozo de papel en la basura.
Mayllazhungo había sido detenido el 11 de julio de 2025, cuando se dirigía a un trabajo de techado cerca de Buffalo. Él y un compañero de trabajo estaban estacionados en una miniván Chevy blanca fuera de un apartamento esperando para recoger a otro trabajador, cuando agentes de inmigración enmascarados —Mayllazhungo calcula que eran 10 en total— los rodearon. Le dijeron que saliera del vehículo o le romperían la ventana y lo sacarían a rastras.
Mientras un agente le doblaba el brazo hacia atrás para colocarle las esposas, Mayllazhungo intentaba entender por qué lo detenían. Tenía una licencia para conducir. Tenía una visa tipo U pendiente, un estatus especial que se les concede a los inmigrantes que son víctimas de delitos violentos y que colaboran con las investigaciones policiales. Ese estatus le había concedido el permiso para trabajar y, supuestamente, la protección contra la deportación.
Mayllazhungo no era un mal hombre, pensaba para sí mismo. Al contrario, había sido víctima de agresión y robo: gran parte de los ahorros de toda su vida le habían sido robados por hombres que, según él, eran ciudadanos estadounidenses.
«Aquí está mi permiso de trabajo», le dijo Mayllazhungo al agente que lo estaba arrestando. «Y él me respondió: “No me importa”. Nos dijeron: “Son delincuentes”».
Ahora, tras días de detención, Mayllazhungo solo tenía el número de teléfono de su pareja. Se lo sabía de memoria. Llamó a María para decirle que lo iban a deportar.
Pero, ¿cómo podría ella ayudarlo? María, cuyo apellido CT no revela por motivos de seguridad, hablaba muy poco inglés y español: su lengua materna era el quichua, la misma que la de él. Era indocumentada y ni siquiera sabía conducir.
Mayllazhungo sabía que estaba cayendo en un pozo del que la única salida era Ecuador.
El ecuatoriano había ingresado en un centro de detención federal apenas seis meses después de que las garantías procesales para los migrantes en Estados Unidos se hubieran visto reducidas como nunca antes en la historia. La administración Trump, en su determinación de reformar la política de inmigración, argumentaba que los detenidos no tienen derecho a impugnar su expulsión ante un juez, una afirmación que el Tribunal Supremo ha declarado en repetidas ocasiones que contraviene la Quinta Enmienda. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) también afirmó que podía deportar a los inmigrantes sin haberles notificado con al menos un día de antelación, una afirmación que los jueces han considerado con escepticismo como un intento apenas velado de privarlos de su derecho constitucional a apelar.
Pero los líderes federales también estaban eludiendo el debido proceso de formas mucho más discretas. Aunque el ICE afirma que permite a los detenidos acceder a asistencia legal, la agencia ha dificultado cada vez más que los migrantes de algunos centros de detención se comuniquen con el mundo exterior. Estas prácticas son el núcleo de las demandas contra el DHS por presuntos malos tratos en un centro del ICE cerca de Chicago y en otro en Minneapolis.
«Siempre ha sido difícil cuando alguien está detenido», dijo la abogada de Mayllazhungo, Tina Colón Williams. «Pero nunca había sido así. Esta es la nueva era de barreras en la comunicación con los clientes y la nueva era de rapidez y celeridad en la expulsión».
Mientras hacía todo lo posible por ponerse en contacto con Mayllazhungo, Williams acabó probando una estrategia completamente nueva para ella. Mientras él esperaba su próximo traslado en avión a Luisiana, ella movilizó a personas de cuatro iglesias de todo el país para intentar liberarlo.
Williams acababa de salir de su permiso de maternidad cuando se enteró de que el ICE había detenido a Mayllazhungo. El hijo de 17 años del ecuatoriano la llamó para darle la noticia.
Williams, madre de tres hijos, que ya tenía que hacer malabarismos con las exigencias de ser esposa de un pastor y líder de alabanza en su iglesia de New Haven, Connecticut, se puso al día con todos los vertiginosos cambios que había sufrido la ley de inmigración de Estados Unidos mientras dejó de trabajar durante tres meses a principios de 2025.
El bufete de Williams, Esperanza Law, se especializa en la defensa contra la deportación de inmigrantes, representando a clientes que el gobierno busca regresar a su país de origen. Mayllazhungo acudió por primera vez al bufete años atrás. Buscaba ayuda con una orden de expulsión que se le había impuesto cuando era adolescente, tras faltar a una audiencia de inmigración en 2005. La carta que le notificaba sobre la audiencia había sido enviada a una dirección equivocada, por lo que nunca la vio. Para complicar aún más el caso actual de Mayllazhungo, también había sido víctima de un robo. Estaba colaborando con la policía para identificar a los sospechosos, por lo que el bufete de abogados le ayudó a solicitar una visa tipo U.
«Es un tipo de visa increíblemente poderosa», dijo Williams. Puede borrar las órdenes de expulsión pendientes y dar derecho a los beneficiarios a obtener la tarjeta de residencia. «Es muy útil para las fuerzas del orden contar con algo así, para que la gente pueda denunciar los delitos y para que los delincuentes rindan cuentas».
Sin embargo, el gobierno solo expide un número limitado de visas U cada año, y la espera para obtener una puede prolongarse más de una década. Los solicitantes que cumplen los requisitos, como Mayllazhungo, reciben una aprobación preliminar, denominada «determinación de buena fe», que les ofrece un permiso de trabajo mientras esperan. Por lo general, eso los protege de la deportación.
Después de que Mayllazhungo entrara en detención, Williams intentó ponerse en contacto con el agente del ICE asignado a su caso y explicarle su situación. Pensó que no habría ningún problema. Había visto casos similares muchas veces.
Hace años, en su primer día en el bufete de abogados, se había acercado a algunos agentes del ICE para hablarles de un cliente que estaba a punto de subir a un vuelo de deportación. El cliente había sido víctima de un delito y estaba solicitando una visa tipo U, les dijo. ¿Podrían liberar a su cliente mientras se tramitaba su visa?
Los agentes se opusieron, pero finalmente se mostraron comprensivos. Le dijeron: «Está bien, de acuerdo. Te daremos tiempo», dijo Williams.
En otro caso, un cliente fue víctima de un delito y, el día antes de la audiencia de deportación, el juez del caso ordenó: «Cancelen todo y no sigan adelante con la expulsión».
Así que Williams se sintió razonablemente segura de poder persuadir a los responsables de la detención de Mayllazhungo. «Todo esto es un malentendido. Suéltenlo. Tiene un visa U; ¿qué sentido tiene?».
«Quizá fui demasiado ingenua al pensar en otra época en la que había prudencia y misericordia», dijo más tarde en una entrevista.
Durante cinco días, Williams intentó ponerse en contacto con alguien. Envió correos electrónicos a todas las direcciones que pudo encontrar, pero no obtuvo respuesta. Llamó al centro de detención del ICE en Batavia, Nueva York, donde se encontraba Mayllazhungo, a unos 45 minutos de Buffalo. Llamó por teléfono a dos oficinas locales del ICE. Escuchó una música de espera «extrañamente alegre» mientras esperaba a los operadores del centro de llamadas.
Nadie quería ayudarla. «Los centros de detención son básicamente agujeros negros», dijo.
Finalmente, consiguió concertar una cita virtual con Mayllazhungo, una videollamada confidencial en la que podría obtener su autorización para dar los siguientes pasos e intentar que se cancelara su orden de expulsión.
También pudo tomarle declaración, en la que explicó por qué no acudió a su cita en el tribunal hace 20 años, alegando que en aquel momento era un chico de 17 años sin experiencia. Él le contó cómo otros abogados lo habían convencido de que no existía ninguna orden de expulsión, que todo había sido un malentendido y que, por lo tanto, no tenía nada de qué preocuparse. Le contó acerca de sus dos hijos, ciudadanos estadounidenses, que vivían en Buffalo, de 5 y 17 años, y que dependían de él como único sustento de la familia.
La noche antes de la reunión virtual, Williams y una compañera de trabajo volvían a casa en coche después de varias audiencias consecutivas cerca de Boston. La abogada estaba ansiosa por ver a su hijo pequeño y despejar su mente.
Entonces sonó su teléfono. El contacto de María apareció en la pantalla. La mujer llamaba a menudo, a todas horas. Pero esta llamada era diferente. María estaba aterrada. Iban a trasladar a Manuel a Luisiana, dijo. Quizás esa misma noche.
Están a punto de deportarlo, pensó Williams.
La abogada tenía pocas herramientas a su disposición.
Williams sabía que en algún momento tendría que solicitar al juez que había dictado la orden de deportación de Mayllazhungo, un juez de Arizona, que reevaluara su caso. La solicitud protegería automáticamente a Mayllazhungo de la deportación, pero también era un movimiento arriesgado: si el juez decidía mantener la orden de expulsión, Mayllazhungo probablemente sería deportado rápidamente.
Presentar esta solicitud delante del juez llevaría tiempo, y a Williams se le estaba acabando.
Tenía que informarle al ICE que estaba trabajando para reabrir el caso: tal vez, si conseguía ponerse en contacto con el agente responsable de Mayllazhungo, podría mantenerlo fuera de ese avión. Pero eso era algo que hasta ahora no había logrado por teléfono ni por correo electrónico.
Quizá podría localizar a alguien si acudía en persona al centro de detención. Pero ya era hora de cenar, ella apenas venía de vuelta de Massachusetts y las instalaciones de Batavia estaban a seis horas en coche de New Haven. Incluso si entrara por la puerta de su casa, abrazara a su marido, saliera y condujera toda la noche, Mayllazhungo podría ya no estar ahí para cuando ella llegara a Batavia.
Williams necesitaba a alguien que ya estuviera cerca de Batavia, que pudiera llamar a la puerta de las instalaciones del ICE y entregar un mensaje en nombre de ella.
«¿Quién va a dejar lo que está haciendo en ese momento, sin cobrar un montón de dinero y dejarlo todo para ir a imprimir algo y presentarlo a un completo desconocido?», dijo Williams. «Creo que la iglesia lo haría».
Dejó a su compañera de trabajo y, de camino a casa, llamó a su marido, Josh Williams. Él es el pastor principal de la iglesia Elm City Vineyard Church en New Haven, Connecticut, y también supervisa las iniciativas de evangelización y justicia de Vineyard a nivel nacional. ¿Conocía a alguien en Buffalo que pudiera entregar los documentos por ella en un centro de detención?
Cuando Williams llegó a casa, ya estaba enviando mensajes de texto a sus contactos. Alrededor de las 7 de la tarde, recibió una llamada de la pastora de la iglesia Vineyard en Buffalo, Emily Defnet.
«Lo siento, no te conozco», dijo Williams. Le explicó la situación de Mayllazhungo. ¿Podría Defnet o alguien de su confianza salir inmediatamente y conducir hasta Batavia y llegar ahí antes de las 9:30?
«Tendrían que imprimir este formulario, hablar con un agente del ICE allí y pedirle al agente del ICE que me llame».
Defnet no podía ir ella misma, pero dijo que preguntaría entre sus conocidos. Recuerda que Williams añadió: «Por cierto, es posible que ya lo hayan deportado, así que quizá todo esto sea una causa perdida».
La pastora envió un mensaje de texto al personal de su iglesia, que a su vez envió mensajes a sus propias redes. En menos de una hora, Williams recibió una llamada de una mujer llamada Allison Lang, directora de operaciones de una iglesia metodista libre en Batavia, a solo dos millas del centro de detención. «Voy de camino a la iglesia», le dijo Lang a Williams. «Tenemos una impresora. Dime lo que necesitas».
Alrededor de las 9 de la noche, Lang detuvo su coche frente a la puerta del centro de detención, con unos documentos legales y una carta de presentación de Williams en la mano.
Un hombre en la garita le dijo que los agentes del ICE que necesitaba se habían ido a casa. Pero tomó los documentos y prometió entregárselos a su supervisor cuando terminara su turno, antes de medianoche.
A la mañana siguiente, apareció un correo electrónico en la bandeja de entrada de Williams de un abogado de la Oficina del Asesor Jurídico Principal, el brazo legal del ICE.
Por fin, pensó, alguien estaba hablando con ella. Pero el mensaje no era alentador. El abogado del ICE le dijo que solo una vez que presentara la moción ante el juez de Arizona, y no antes, detendrían la deportación.
En otras palabras, el ICE no detendría el proceso a menos que un tribunal lo obligara.
AP News / Matthew HintonEsa tarde, Williams recibió otro correo electrónico, esta vez de un agente del ICE asignado al caso de Mayllazhungo. El detenido ya estaba de camino a Luisiana, dijo el agente. Así que Williams lo intentó de nuevo: ¿Consideraría el ICE liberarlo mientras su caso está pendiente, preguntó, dada la tradición de respeto hacia los beneficiarios certificados de la visa U?
No. «Sin explicación», dijo Williams. «Simplemente, “No”».
«Sabían que tenía una acción diferida», dijo, refiriéndose a un tipo de estatus que retrasa la deportación y que generalmente acompaña a las visas U. «Tenía una determinación de buena fe. Había sido víctima de un delito. Y, aun así, lo mantuvieron detenido».
La única persona que podía detener la deportación de Mayllazhungo ahora era un juez de Phoenix que ni siquiera lo conocía y que había tratado su caso hacía tanto tiempo que los registros judiciales ni siquiera estaban disponibles electrónicamente.
Williams tendría que redactar un extenso escrito a toda prisa, imprimirlo y entregarlo en un tribunal al otro lado del país lo antes posible. Incluso enviarlo por correo urgente parecía imposible; Mayllazhungo podría desaparecer del país antes de que llegara el paquete.
Williams necesitaba a alguien que pudiera entregar los documentos en mano. Cogió su teléfono y volvió a llamar a su marido: ¿Conoces a alguien de Vineyard en Phoenix?
Él le dio el nombre de una mujer de Arizona que trabajaba con Vineyard USA, la sede de la denominación. Por tercera vez en 48 horas, Williams estaba al teléfono pidiendo un favor a un desconocido: «¿Tienes tiempo? ¿Puedes hacerlo ahora?».
Una avalancha de papeleo: Williams reunió todo lo que tenía. Le hubiera gustado poder consultar primero con Mayllazhungo. «Esa declaración habría ayudado a que la moción fuera más sólida», dijo. «Pero me negaron el acceso a mi cliente».
Envió una copia digital a la mujer de Arizona, quien imprimió y perforó dos copias y las llevó en coche a un edificio federal en el centro de Phoenix.
Las mociones para reabrir un caso de expulsión suspenden automáticamente la deportación, lo que les da tiempo a los jueces para revisar el expediente. Después de que un empleado del tribunal sellara los documentos, Williams respiró un poco más tranquila: en teoría, su cliente permanecería en el país al menos un poco más de tiempo.
Mayllazhungo no se enteró del aplazamiento de su caso sino hasta pasados varios días. Durante una semana y media, permaneció en Luisiana, en una abarrotada terminal para vuelos de deportación conocida como Alexandria Staging Facility.
A su alrededor, otros inmigrantes desaparecían constantemente en aviones que partían. Nadie lo llamaba: grupos de vigilancia han documentado que Alexandria es una «caja negra» con un contacto extremadamente limitado con el mundo exterior y frecuentes quejas por condiciones inhumanas.
Mayllazhungo fue trasladado de vuelta a Batavia a finales de julio. Durante semanas, esperó noticias del juez. Durante las llamadas telefónicas con María, finalmente bajó la guardia lo suficiente como para hablar abiertamente sobre lo que la familia debía hacer a continuación: la línea estaba vigilada, pero la pareja hablaba en quichua, apostando a que nadie que escuchara les entendería.
«Esperaban contra toda esperanza» que el juez anulara la orden de expulsión de Mayllazhungo, dijo Williams. Si eso no era posible, ella quería al menos pedirle al juez que liberara a Mayllazhungo bajo fianza, una práctica habitual con los inmigrantes detenidos que no representan un riesgo para la sociedad.
Excepto que, para entonces, el ICE había cambiado de postura. Durante el verano, una nueva directiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) prohibió a los jueces conceder la libertad bajo fianza a la mayoría de los detenidos, cortando de raíz la vía por la que la mayoría de los inmigrantes escapaban de la detención, incluidos los solicitantes de asilo y aquellos sin antecedentes penales.
La política ha sido impugnada en los tribunales: cualquiera que vea series judiciales en la televisión sabe que los jueces federales y estatales suelen liberar bajo fianza a los acusados de delitos no violentos mientras esperan el juicio.
Pero a principios de febrero, dos jueces del Tribunal de Apelación del Quinto Circuito confirmaron la práctica del DHS de la detención indefinida, a pesar de más de 3000 sentencias anteriores de cientos de jueces federales que concluyeron que denegar la libertad bajo fianza a los detenidos no criminales viola las garantías constitucionales.
La Corte Suprema podría decidir en última instancia si Estados Unidos tendrá dos sistemas penitenciarios paralelos: uno en el que un acusado de incendio, malversación o tráfico de drogas puede quedar en libertad bajo fianza, y otro en el que un estudiante que se ha quedado en el país durante más tiempo de lo permitido por su visa, o un trabajador de la construcción que ha pasado por alto una carta enviada por correo postal deben permanecer en prisión durante meses.
María fue la primera en enterarse de que el juez de inmigración había fallado en contra de Mayllazhungo. El 29 de agosto, intentó llamar dos veces a Williams y no obtuvo respuesta.
Williams estaba en una rueda de prensa en un instituto de New Haven, de pie detrás de un podio rodeado de micrófonos. Luchaba por contener las lágrimas mientras hablaba de un cliente adolescente, Esdrás Zabaleta-Ramírez, a quien un juez acababa de ordenar liberar de la custodia del ICE.
El joven había sido detenido en su trabajo de lavado de coches. Williams luchó por su liberación mientras el ICE lo trasladaba de un estado a otro e intentaba acelerar su deportación a Guatemala. Los compañeros de clase de Zabaleta-Ramírez organizaron manifestaciones. Los profesores escribieron cartas. Ahora, contra todo pronóstico, podría volver a sus clases en la escuela secundaria.
Después de la conferencia de prensa, Williams se desahogó con un colega sobre la dificultad de su trabajo, sobre cómo la naturaleza arbitraria de las decisiones del ICE era tan desmoralizante. La liberación del adolescente fue una gran victoria, pero ¿qué lección había que aprender? Todo parecía aleatorio.
Su colega le dijo que se tomara el resto del día libre, que fuera a darse un masaje o algo así. Williams miró su teléfono y vio dos llamadas perdidas de María. Se prometió a sí misma dejar que la llamada se fuera al buzón de voz si la mujer llamaba por tercera vez.
Pero, de camino a casa, el teléfono volvió a sonar y Williams contestó. María le explicó que acababa de buscar el caso de Mayllazhungo en internet y había visto que el juez había denegado su moción para reabrir el caso.
Podía ser deportado en cualquier momento.
Williams se detuvo a un lado de la carretera y, de nuevo, empezó a enviar mensajes de texto a los pastores. Sus opciones eran limitadas: otros abogados podrían haber presentado un caso federal en Nueva York para detener la deportación, pero ella no tenía licencia para ejercer allí. Podía apelar la sentencia del juez de Arizona, pero eso podría prolongarse durante semanas e incluso meses y Mayllazhungo no tendría protección contra la deportación mientras se resolvía la apelación.
Para mantenerlo en el país el mayor tiempo posible, su única opción era presentar ante el ICE una solicitud formal de suspensión de la expulsión, es decir, pedir clemencia al ICE por vía oficial.
Williams volvió a llamar por teléfono a Lang, el administrador de la iglesia en Batavia. Hicieron un plan: la solicitud requeriría una gran cantidad de papeles, por lo que Williams se los enviaría por correo electrónico a María para que los imprimiera. María se los llevaría a Lang, junto con el pago por el trámite, y Lang se los entregaría al ICE en el centro de detención de Batavia.
Cuatro días después, el 2 de septiembre, Lang se detuvo en una gasolinera junto a la Interestatal 90, justo al otro lado de la autopista desde el centro de detención. Se estacionó frente a un Tim Hortons, junto a un coche en el que viajaban dos mujeres ecuatorianas y dos niños.
Las mujeres salieron del coche. Una de ellas, la hijastra adulta de Mayllazhungo, hablaba inglés y dijo que el ICE también había detenido a su marido ese verano.
Cuando le entregaron a Lang un grueso paquete de documentos, su peso la sorprendió. Imaginó la información confidencial que contenía, y meditó en la realidad de que esos papeles podrían ser la última esperanza de un hombre de volver a ver a su familia.
La primera vez que Lang entregó los documentos para ayudar a esta familia, un mes antes, sintió que Dios la había llamado a hacerlo. «No tengo ninguna duda de que el Señor abrió un espacio en mi agenda esa noche», me dijo Lang.
Tuvo la misma sensación en esta ocasión, pero también una oleada de dolor al sostener todas esas páginas, y al mirar a los niños en el asiento trasero del coche y a estas dos mujeres que estaban «fuera de sí» por la preocupación, como ella misma describió. «No estaba preparada para el peso emocional que iba a suponer conocer a su familia».
Lang no sabía muy bien qué hacer con ese sentimiento. Solo se le ocurrió una idea.
Nadie esperaba que se celebraran ruedas de prensa para Mayllazhungo o su familia. Pero, de pie junto a estas mujeres entre los coches de una gasolinera del norte del estado de Nueva York, Allison Lang les tomó las manos y oró por ellas.
Lang no era ajena a las prisiones. Su padre había trabajado en un centro estatal de seguridad media y le contaba historias en casa. Otros familiares también trabajaban en prisiones.
Aun así, al atravesar la entrada del centro de detención, Lang se sintió intimidada. Le sorprendió un poco que los guardias la dejaran entrar; en todo el país, a políticos, pastores y otros funcionarios se les negaba el acceso a las instalaciones del ICE.
«Es evidente que todo el mundo está en alerta máxima», dijo.
Un oficial («muy cordial», dijo Lang) la sentó en una pequeña sala de espera. Después de 45 minutos, una mujer salió y comenzó a inspeccionar los documentos, haciendo preguntas que Lang le envió por mensaje de texto a Williams.
«Yo pensaba: “Dios mío, no sé nada de esto. No fui a la escuela para convertirme en abogada”».
La mujer quería ver el pasaporte de Manuel. No estaba en el expediente.
«Le quitaron todos sus documentos de identidad cuando lo detuvieron», escribió Williams a Lang.
Más mensajes de texto de ida y vuelta: la familia de Manuel tenía una copia digital. ¿Aceptarían un correo electrónico? Más espera. Finalmente, los agentes accedieron a recibir el expediente.
Lang se marchó en coche sintiéndose agradecida de que una abogada y esposa de un pastor, a 650 kilómetros de distancia, la hubiera elegido como mensajera legal improvisada. «¿Sé por qué? No», dijo. Pero volvería a ofrecer ese tipo de ayuda, «por grande o pequeña que fuera».
Imagen cortesía de Rachel Lacovone / Connecticut PublicWilliams habla en una rueda de prensa en New Haven, Connecticut, tras la liberación de un adolescente detenido en agosto de 2025.
Casi una semana después, Williams recibió un mensaje de parte del ICE en el que le comunicaban que su solicitud de clemencia había sido denegada. Una vez más, la agencia no ofreció explicación alguna.
«No habría sido difícil liberar a este hombre», dijo la abogada. «Hay todo tipo de factores convincentes en este caso. No sé si no lo leyeron o si lo leyeron y simplemente dijeron: “Da igual”».
En cuestión de días, el ICE trasladó a Mayllazhungo de vuelta al centro de detención de Alexandria, en Luisiana.
Durante sus primeras 24 horas allí, Mayllazhungo dijo que estuvo esposado sin comida ni agua. No le permitieron ir al baño.
El centro parecía estar demasiado abarrotado. Llegaban nuevos hombres a todas horas: cientos y cientos. «No sé de dónde venían, pero no paraban de llegar», dijo.
Mayllazhungo temblaba de frío en una habitación gélida mientras intentaba dormir. Le dieron ropa para ponerse, pero no tenía acceso a servicios de lavandería. Después de varios días, lavó el uniforme en un lavabo y durmió sobre él mientras se secaba.
La rabia llegó a un punto álgido. Los detenidos se quejaron en voz alta. Les dijeron a los guardias que tenían hambre, que habían pedido usar el baño y se les había negado, que tenían sed.
Según Mayllazhungo, un día los guardias les dijeron que se olvidaran del tema. «Dijeron que merecíamos un castigo peor que el que estábamos recibiendo, porque éramos delincuentes».
Eso, según Mayllazhungo, fue lo que desencadenó el altercado.
Varios detenidos perdieron el control. Incluso con las manos y los pies esposados, «se abalanzaron sobre los agentes del ICE», dijo. (Muchos guardias de Alexandria trabajan para Geo Group, la empresa privada que gestiona la prisión, y no son empleados del ICE).
Los hombres agarraron a los oficiales e intentaron golpearlos. Mayllazhungo dijo que los guardias acudieron rápidamente desde todas partes de las instalaciones para detener la pelea. Mayllazhungo, que dijo no haber participado en el conflicto, huyó con otros detenidos, empujándose unos a otros para escapar del caos.
Mayllazhungo cree que fue entonces cuando se rompió la muñeca.
No fue hasta que volvió la calma cuando se dio cuenta de que no podía mover la mano derecha. No recuerda el momento exacto en que se lesionó, tal vez en medio de los empujones, su muñeca se torció de forma incorrecta dentro de las apretadas esposas, pero estaba roja y le dolía mucho. No podía usar los dedos para coger la comida y llevársela a la boca.
Mayllazhungo dijo que solicitó atención médica varias veces, pero no la recibió.
El ICE no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios sobre esta historia. El centro de detención de Alexandria está diseñado para albergar a los detenidos durante un máximo de 72 horas, aunque muchos han informado de estancias más largas. Las descripciones de Mayllazhungo sobre las condiciones allí son coherentes con otros relatos.
Después de cinco días en Alexandria, Mayllazhungo fue trasladado en autobús a otro centro en Luisiana, a unos 45 minutos de distancia. Allí le asignaban uno o dos sándwiches de jamón al día. Pudo volver a hablar con María. Hizo una sola llamada a Williams, durante la cual la conexión era tan mala que apenas se entendían.
Las dos mujeres le preguntaron a Mayllazhungo si quería apelar la decisión del juez. La abogada no podía prometer que eso cambiaría las cosas, pero había revisado la decisión del juez y había encontrado todo tipo de errores en el razonamiento. Había algo de esperanza, si actuaban con rapidez. Dijo que dejaría todo lo demás y lucharía si Mayllazhungo le daba el visto bueno.
Pero él estaba muy cansado. Llevaba más de dos meses detenido. Tenía la mano hinchada. María no podía recuperar cada dólar que gastaban en la batalla judicial, porque no podía trabajar. Todo, siempre, recaía sobre sus hombros.
«Ya está bien», les dijo finalmente. «Dejen las cosas como están».
Uno de los últimos días de septiembre, Mayllazhungo sintió que le quitaban las esposas de las muñecas al bajar del avión en Guayaquil, Ecuador.
Tomó un autobús hacia las montañas, hacia el pueblo donde había crecido. No lo había visto en 20 años. Tenía una hermana allí que probablemente lo acogería.
Ahora, Mayllazhungo pasa los días buscando trabajos ocasionales en el campo para ganar dinero y enviárselo a su familia. En diciembre, pasó unos días ayudando a un constructor local a montar ventanas.
En Buffalo, una iglesia católica local ha estado apoyando a María y a los niños con algunas necesidades básicas. Otras iglesias también se han ofrecido a ayudar.
Williams odia no haber podido salvar a su cliente de la deportación. Quizás sea un consuelo que cada solicitud que la gente de la iglesia la ayudó a presentar «ralentizó el proceso y cambió algo», dijo. También cree que «marca una diferencia, psicológicamente, para las familias afectadas por esto, saber que hay otros seres humanos en el mundo que se preocupan y están dispuestos a ayudar».
En Ecuador, Mayllazhungo al menos puede hablar con sus hijos todos los días por teléfono. Su hijo de 5 años le pregunta: «¿A dónde te fuiste? ¿Por qué no vuelves a casa?».
La frase que escuchó una y otra vez —de los agentes de inmigración, de los guardias del centro de detención, de los líderes estadounidenses— resuena en su cabeza y lo perturba: «Eres un criminal». Excepto que, según él, no lo es. «Estaba limpio», dijo.
Poco después de llegar a las montañas, Mayllazhungo acudió al médico para que le examinara la muñeca. Una radiografía lo confirmó: los huesos estaban rotos.
Andy Olsen es redactor jefe de Christianity Today.
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