Durante su primer mandato, el presidente Donald Trump firmó una versión actualizada de la Ley de Protección a las Víctimas de la Trata, la ley clave que guía los esfuerzos federales para combatir la trata de personas en Estados Unidos y en el extranjero. La versión revisada especificaba que no solo los grupos criminales, sino también los gobiernos, deben rendir cuentas por cualquier «política o patrón de […] trata en programas financiados por el gobierno» [enlaces en inglés].
En la ceremonia de firma celebrada en la Oficina Oval, el presidente habló sobre la obligación del país de luchar contra este problema mundial cada vez mayor. «Se podría pensar que se trata de una forma antigua de criminalidad», dijo Trump a los periodistas a principios de 2019. «Pero no es así. Es una forma muy moderna».
Por eso fue aún más sorprendente para Chris Gooding el 16 de marzo de este año, ver la noticia de que el Gobierno había deportado a más de 200 hombres venezolanos a El Salvador y que le pagaría a ese país para que los alojara en una superprisión de máxima seguridad.
Gooding, profesor adjunto de teología en la Universidad de Marquette, había estudiado la trata de personas en la India, primero como becario de International Justice Mission a principios de la década de 2000 y, años más tarde, como parte de su tesis doctoral. Había escrito un libro sobre esclavitud moderna y teología, y se sentía lo suficientemente preparado como para identificar casos de trata.
En las deportaciones a El Salvador, Gooding vio señales de alarma por todas partes. Ambos gobiernos parecían estar aprovechándose de la falta de estatus legal de esos hombres, privando al menos a algunos de ellos de la oportunidad de impugnar su expulsión, un derecho constitucional que los tribunales estadounidenses han reafirmado desde entonces.
Si bien el gobierno de Estados Unidos detiene temporalmente a inmigrantes todos los días, este caso era diferente: el gobierno parecía estar encarcelando a venezolanos de manera indefinida sin haberlos condenado ni sentenciado por delito alguno. En cambio, repetía la afirmación general de que eran miembros de la pandilla transnacional Tren de Aragua, a pesar de las crecientes pruebas de que muchos o incluso la mayoría podrían no serlo.
Más allá de eso, el gobierno de El Salvador parecía estar beneficiándose de la detención de estos hombres. Además de cobrar unos 20 000 dólares por cada migrante encarcelado, el presidente salvadoreño Nayib Bukele insinuó que el país podría obligar a los hombres a trabajar en su programa de trabajo penitenciario, una declaración que alarmó a los grupos de vigilancia.
Para Gooding, todo esto se parecía a las características del tráfico de personas patrocinado por el Estado. La historia dominó los titulares, en particular cuando el gobierno admitió que entre un grupo de salvadoreños también deportados a esa prisión se encontraba un hombre, Kilmar Abrego García, que había sido deportado por error. (El gobierno ahora dice que el propio Abrego García fue identificado como sospechoso de tráfico de personas en una parada de tráfico en 2022, aunque la policía no lo arrestó y nunca presentó cargos).
Sin embargo, Gooding no escuchó más que silencio por parte de los defensores de las víctimas de la trata.
«Hace diez o veinte años, si el Gobierno chino hubiera hecho algo así, lo habríamos denunciado como una forma de trata de personas», dijo Gooding a CT. «[Pero en este caso,] no he escuchado nada de la comunidad [de activistas] contra la trata».
La lucha contra la trata de personas es una de las causas favoritas de los evangélicos, y esas convicciones abolicionistas a menudo se han extendido a la política. Recientemente, varios ministerios se opusieron abiertamente al nombre propuesto por Trump para fiscal general de Estados Unidos, el exrepresentante Matt Gaetz. El Departamento de Justicia lo había investigado por tráfico sexual sin presentar cargos. Gaetz finalmente se apartó de la carrera.
Si alguien debería alzar la voz sobre el acuerdo con El Salvador, pensó Gooding, son los cristianos que están en contra de la trata de personas, un grupo guiado no solo por los mandamientos bíblicos de acoger al extranjero, sino también por el deseo de ayudar a las víctimas que han sido privadas de sus derechos legales. Así que escribió un artículo de opinión y se preparó para las reacciones negativas. Pero no hubo ninguna.
«No he recibido ninguna reacción negativa», dijo. «De hecho, pensé que sería más controvertido».
Gooding no es el único que sostiene que las deportaciones a El Salvador equivalen a trata de personas. Grupos de derechos humanos han expresado preocupaciones similares, especialmente a mediados de abril, cuando Bukele se refirió a los deportados como si fueran propiedad y ofreció intercambiarlos por presos políticos en Venezuela.
Pero los expertos jurídicos afirman que una cosa es creer que esto equivale a trata de personas y otra muy distinta es demostrarlo ante un tribunal. Convencer a un juez o a la Corte Penal Internacional de que Trump y Bukele están participando en una red de trata de personas patrocinada por el Estado podría ser una batalla muy difícil.
La trata de personas implica el uso de la fuerza, el fraude o la coacción para explotar a otros, dijo Nate Knapper, presidente de The Joseph Project, una organización ministerial que conecta a sobrevivientes de la trata con representación legal gratuita. Nadie niega que el gobierno utilizó la fuerza para arrestar a los migrantes venezolanos y trasladarlos a través de las fronteras internacionales. Pero para elevar eso a un delito de trata de conformidad con la ley estadounidense, un fiscal tendría que demostrar que Bukele o Trump tenían la intención de explotar a los migrantes, el concepto legal conocido como mens rea.
«No me queda claro que haya una intención de explotación por parte de ninguno de los dos gobiernos», dijo Knapper. «Se necesitarían pruebas muy sólidas. Creo que la carga de la prueba sería muy alta en este caso».
Si los migrantes fueron detenidos indebidamente y trasladados a un tercer país, pero no hubo intención de beneficiarse de su trabajo, «se trata más bien de un secuestro o una toma de rehenes», afirmó Meg Kelsey, directora del Centro para la Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad Regent.
Gran parte del argumento para clasificar las deportaciones como trata de personas depende de si el gobierno les negó a los migrantes el debido proceso legal. Incluso en el caso de las personas que realmente forman parte de una pandilla, si nunca tienen la oportunidad de impugnar la acusación o apelar su expulsión, eso constituiría en sí mismo una violación constitucional: a principios de abril, la Corte Suprema subrayó que los migrantes tienen derecho a impugnar su deportación.
Lo que preocupa aún más a los defensores de los derechos humanos es la posibilidad de que algunos migrantes deportados injustamente puedan estar trabajando en un sistema de trabajo penitenciario.
En marzo, cuando Bukele anunció que los primeros aviones con detenidos estadounidenses habían aterrizado en El Salvador, también promovió su programa de trabajo penitenciario llamado «Cero ocio», dando la impresión de que los deportados podrían ser obligados a trabajar en la confección de uniformes, la agricultura o la construcción de carreteras. No está claro si los inmigrantes deportados forman parte del programa. Bukele dijo que participan más de 40 000 personas, lo que supone alrededor del 40 % del total de la población de las prisiones de El Salvador.
En Estados Unidos, la 13.ª Enmienda permite el trabajo penitenciario como única forma legal de servidumbre involuntaria, siempre que se realice como castigo por un delito tras una condena judicial. Si efectivamente a algunos de los venezolanos deportados se les denegó el debido proceso y se descubre que estaban trabajando en prisiones, «todo lo que se utiliza normalmente para distinguir entre encarcelamiento y esclavitud queda completamente fuera de lugar», afirmó Gooding. «Se convierte en una situación de trata de personas».
Varios abogados le dijeron a CT que creen que sería difícil demostrar ante un tribunal que los dos países están explotando a los venezolanos específicamente para trabajar. «Los gobiernos van a ser lo suficientemente inteligentes como para no tener una política rastreable que diga que sabemos que esto tiene fines laborales», dijo Kelsey.
Aun así, Gooding no cree que eso descalifique las deportaciones como una forma de trata o esclavitud moderna. Cita la investigación de Orlando Patterson, historiador y sociólogo de la Universidad de Harvard, autor de algunos de los estudios más influyentes sobre el abolicionismo moderno. Patterson documentó casos de personas esclavizadas en todo el mundo que no trabajaban para sus amos —que incluso podían suponer una carga económica—, pero que servían como trofeos para aumentar el prestigio de estos.
«Creo que es importante preguntarse: “¿Qué gana Trump con esto?”. Está claro que está utilizando la degradación pública y violenta de estas personas para aumentar su poder», dijo Gooding. «Y eso es de lo que se trata la esclavitud».
Un fiscal tendría que demostrar que cualquier beneficio para Bukele o Trump es cuantificable, dijo Knapper. El beneficio para el gobierno de Bukele es obvio: el presidente salvadoreño dijo que Estados Unidos pagará 6 millones de dólares tan solo en el primer año de lo que podría convertirse en un acuerdo indefinido de encarcelamiento en una prisión masiva conocida como Centro de Confinamiento por Terrorismo (CECOT).
No queda tan claro cómo se beneficia la administración Trump. El uso de prisiones en El Salvador podría significar la construcción de menos prisiones en Estados Unidos. Quizás lo más importante es que la administración ha aprovechado el CECOT como un recurso publicitario de gran valor: la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se paró allí ante las cámaras y les advirtió a los inmigrantes que podrían convertirse en uno de los hombres asustados y silenciosos apiñados en una celda detrás de ella. Trump ha compartido videos promocionales de la prisión de El Salvador en sus cuentas personales de redes sociales.
«Hay un aspecto de celebración que es una locura», dijo Gooding.
Tráfico o no, la situación plantea una larga lista de otras preocupaciones, según los abogados. Otros países han sido criticados recientemente por subcontratar la detención de inmigrantes, aunque ninguno ha contratado directamente a un gobierno extranjero para encarcelar deportados. Italia deportó este mes su primera oleada de migrantes a centros de detención gestionados por Italia en Albania. Abogados de migrantes han demandado a Costa Rica y Panamá por su papel en la detención de deportados de Estados Unidos.
En El Salvador, grupos de derechos humanos afirman que la CECOT somete a los presos a condiciones inhumanas, incluida la tortura. Afirman que personas presuntamente inocentes, entre las que posiblemente se encuentran deportados estadounidenses, están recluidas junto a delincuentes violentos que ya han sido condenados. De ser cierto, eso iría en contra de varias normas de las Naciones Unidas.
«Es obvio que se trata de una mezcla espantosa de personas con diferentes grados de inocencia. Por lo tanto, sin duda hay problemas con eso y, potencialmente, con el debido proceso», dijo Kelsey.
«Cualquier cristiano que siga al Mesías que proclamó la liberación de los cautivos debería estar horrorizado por esto», dijo Gooding. «Hay un conflicto fundamental en los Evangelios entre el tipo de poder que ejerce el Mesías y el tipo de poder que ejerce el césar. El primero libera y sirve; el segundo domina y esclaviza».
Por ahora, determinar si el acuerdo constituye un caso de tráfico de personas puede ser imposible, simplemente porque la administración ha revelado muy pocos detalles. Los legisladores le han ordenado al Departamento de Estado, sin éxito, que les proporcione una copia del acuerdo, argumentando que la administración está violando múltiples leyes al mantenerlo en secreto.
«Eso no niega que pueda haber recursos civiles para aquellos que han sido perjudicados», dijo Kelsey. «Y esto es solo el comienzo de la cuestión y la reacción a lo que ha sucedido en las últimas dos semanas».
Andy Olsen es redactor jefe de Christianity Today.
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