El viernes, un juez federal se negó a bloquear la nueva política de la administración Trump que permite a las autoridades de inmigración llevar a cabo arrestos en «lugares sensibles» como iglesias y otros espacios religiosos.
Veintisiete grupos cristianos y judíos habían presentado una demanda, alegando que la nueva política violaba su libertad religiosa en virtud de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa.
La nueva política entró en vigor el 20 de enero, al comienzo del mandato del presidente Donald Trump, revirtiendo 30 años de una política federal que protegía las casas de culto para que en ellas no se llevaran a cabo detenciones por estatus migratorio. La primera administración Trump prohibió la aplicación de la ley migratoria en «lugares de adoración o de estudio religioso».
En un comunicado de prensa sobre la nueva política de este año, el Departamento de Seguridad Nacional dijo: «Los delincuentes ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados».
Las iglesias demandantes dijeron que la nueva política ha causado la vigilancia de las iglesias por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y ha conducido a detenciones en las iglesias por parte del ICE. La política ha obligado a las iglesias a contratar servicios de seguridad, y las congregaciones hispanas han visto una disminución significativa en la asistencia por el temor de los congregantes a la aplicación de la ley de inmigración, dijeron las iglesias en los documentos judiciales. Dijeron que los agentes del ICE se habían presentado en los repartos de despensas de alimentos de la iglesia y en los programas extraescolares.
No obstante, la jueza Dabney Friedrich dijo que las congregaciones demandantes no habían sufrido daños significativos por la aplicación de la ley de inmigración de manera que se pudiera justificar una orden judicial preliminar contra la política. Entre los demandantes, tomó en cuenta solo una iglesia en Atlanta en la que los agentes de inmigración habían llevado a cabo una redada.
Friedrich, nombrada por Trump, dijo que la nueva política «no ordena a las fuerzas del orden que ataquen iglesias o sinagogas, o que traten los lugares de culto como lugares de alta prioridad para la aplicación de la ley de inmigración».
Añadió que el registro de los hechos no demuestra que las iglesias «sean señaladas como objetivos especiales».
CT informó en español sobre la primera detención conocida de un inmigrante, Wilson Velásquez, que tuvo lugar en una iglesia a finales de enero. Esa congregación pentecostal no formó parte de los signatarios de esta demanda.
En ese incidente, los agentes de inmigración esperaron en el estacionamiento de la iglesia durante un servicio de culto, y un ujier se acercó para decirle al congregante que los agentes lo estaban esperando afuera. Velásquez, quien había hecho todos los procedimientos requeridos en la oficina local de ICE y llevaba una pulsera de tobillo, fue esposado y colocado en la parte trasera de un vehículo.
En su fallo, Friedrich dijo que la disminución de la asistencia de inmigrantes a las iglesias podría explicarse por la aplicación general de la ley de inmigración por parte de la presente administración, y no por esta política específica sobre las iglesias.
«Los miembros se quedan en casa para evitar encontrarse con el ICE en sus propios barrios, no porque las iglesias o sinagogas sean lugares de alto riesgo», dijo. «La medida cautelar que solicitan no rectificaría la supuesta disminución de la asistencia».
También dijo que no hay indicios de que sean «probables o inminentes» más acciones de aplicación de la ley en las iglesias.
Entre los demandantes se encontraban la Iglesia Menonita, Fellowship Southwest (una iglesia bautista cooperativa), la Iglesia Episcopal, la Iglesia Presbiteriana USA, la Red Nacional Cristiana Latina, así como conferencias de la Iglesia Metodista Unida y la Iglesia Unida de Cristo.
La demanda se presentó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington. Un grupo de cuáqueros, bautistas y sijs había presentado una demanda separada pero paralela en Maryland. En febrero, esos grupos ganaron una orden judicial preliminar en su caso, pero solo para sus congregaciones.
«Los agentes de las fuerzas del orden armados que operen en lugares de culto o en sus inmediaciones, de conformidad con la política de 2025, afectarán negativamente a la capacidad de los cuáqueros y los sijs para seguir libremente sus creencias religiosas o su culto», escribió en ese caso el juez de distrito de los Estados Unidos Theodore Chuang.
Es probable que estos casos sigan tramitándose en los tribunales federales.
