En el verano de 2019, Saulo Kintu bajó de un avión en Ciudad Juárez, México, y preguntó cómo solicitar asilo en Estados Unidos. Los lugareños le dieron dos opciones: podía saltar la valla fronteriza, o las autoridades mexicanas podían darle un número y él tendría que esperar a que lo llamaran, como quien espera un pedido en un restaurante.
Kintu eligió la segunda opción: quería hacer las cosas bien. Puso su nombre en la lista, detrás de otros 15 000 aspirantes.
El emigrante originario de Uganda se alojó en un refugio llamado El Buen Pastor, un lugar sofocante y polvoriento donde hombres, mujeres y niños dormían en literas, entre los bancos de la iglesia o en el suelo de un patio al aire libre. Todos los aproximadamente 130 individuos allí alojados se dedicaban a la misma agonizante labor de esperar una buena oportunidad.
Mientras esperaba, Kintu empezó a poner palabras a lo que con el tiempo se convertiría en su argumento para solicitar asilo en Estados Unidos. Algunos pastores estadounidenses habían visitado el refugio y le aconsejaron que escribiera acerca de su vida. En una hoja de papel, redujo su vida a unas pocas líneas: ¿De dónde era? ¿Por qué se marchó? ¿Qué esperaba hacer en Estados Unidos? Después, engrapó a la página una foto suya.
El atractivo de la oportunidad de pedir asilo atrajo a masas de inmigrantes a la frontera sur de Estados Unidos durante años hasta este enero, cuando la administración Trump comenzó a rechazar a cualquiera que buscara refugio. La figura del asilo también ha inspirado falsas esperanzas: durante los últimos diez años, cada año los jueces denegaron entre la mitad y dos tercios de los casos de solicitud de asilo. Los presidentes Biden y Trump han buscado frenar el acceso al asilo, haciendo caso omiso de la legislación estadounidense y de los tratados que garantizan el derecho a solicitarlo.
Pero el asilo es también una de las principales vías por las que los inmigrantes indocumentados que ya están en el país pueden conseguir un estatus legal. Dado que tres de cada cuatro evangélicos apoyan que exista una vía para las personas que están aquí ilegalmente consigan la ciudadanía —y que el 70 % cree que Estados Unidos tiene la responsabilidad moral de aceptar a quienes huyen de la persecución—, podríamos considerar el caso de Kintu como una especie de tarjeta de puntuación para observar y calificar cómo se comporta el sistema de inmigración estadounidense en relación con estas prioridades.
O bien, mientras la administración Trump detiene cada semana a miles de inmigrantes sin antecedentes penales, poniendo de cabeza la vida de cualquiera de ellos que busque un estatuto legal, podríamos preguntarnos simplemente: ¿Qué ocurrirá después?
Kintu tenía lo que los abogados llaman «buenos datos».
Para empezar, había trabajado en Uganda como locutor de radio para emisoras cristianas y laicas. El gobierno del país tenía un historial de violencia contra periodistas como él. Intentaba intimidarlos, invitando a los locutores a reuniones periódicas, por ejemplo, en las que los funcionarios exponían qué historias eran aceptables para los reporteros y cuáles no. «Los que no acuden a las reuniones siempre se enfrentan a “la música”», me dijo Kintu durante una de varias conversaciones sobre su experiencia. «¿Entiendes?».
La profesión de Kintu le valió la pertenencia a un «grupo social particular» objeto de persecución, requisito esencial para obtener asilo según la legislación estadounidense.
Un segundo requisito: Kintu podía dar testimonio de su propia tortura.
Un viernes por la noche, poco antes de la Navidad de 2018, Kintu salía de la emisora de radio de Kampala, la capital de Uganda, donde presentaba un programa semanal de tertulia política. Un par de policías se le acercaron en la oscuridad y le preguntaron si era el hombre que entrevistaba a los políticos.
«Tenemos grabaciones», le dijeron. Grabaciones de oyentes que llamaban a su programa y criticaban al presidente de Uganda, Yoweri Museveni. Grabaciones de Kintu entrevistando a veces a políticos de la oposición. «Te estamos avisando».
Un mes después, en enero, alguien que parecía un anciano pidiendo ayuda llamó a la puerta de la casa de Kintu poco después de medianoche.
Pero cuando el hermano de Kintu abrió la puerta, la voz del anciano se desvaneció, y los soldados entraron corriendo con porras y pistolas. Derribaron a Kintu y empezaron a darle patadas. Lo sacaron fuera, lo metieron en un camión y lo condujeron a un cuartel militar, donde durante dos meses y medio lo golpearon y rociaron con gas pimienta.
En cautiverio, Kintu contrajo la malaria. Se puso tan enfermo que sus captores lo llevaron a un hospital bajo vigilancia policial. Cuando el agente que le habían asignado salió de la habitación para fumar un cigarrillo, una enfermera sacó a Kintu por una puerta trasera y lo ayudó a subir a una mototaxi que lo sacó de la ciudad.
Unas semanas más tarde, en marzo de 2019, Kintu se embarcó en una serie de vuelos que lo llevaron hasta la Ciudad de México. Desde allí recorrió la conocida tortuosa ruta hacia el norte, hasta la frontera entre México y Estados Unidos.
Lo más importante era que Kintu contaba con una carta más en su juego para solicitar asilo: podía demostrar que tenía miedo de volver a Uganda, lo que la ley denomina un «temor fundado» a una futura persecución.
El padre y el hermano de Kintu lo llamaron a México y le dijeron en susurros: seguía apareciendo gente extraña por la casa, hablando de grabaciones de radio y preguntando dónde estaba Kintu. La policía citaba a su hermano en la comisaría todos los meses para interrogarlo.
Tres ingredientes clave: persecución gubernamental, pertenencia a un grupo objetivo y temor a regresar. El caso de Kintu los reunía todos.
Una tragedia final ayudó a poner el viento a favor de Kintu. En septiembre de 2019, otra ugandesa que se refugiaba en El Buen Pastor murió de sepsis, neumonía y tuberculosis. Sus compañeros migrantes alegaron que los médicos locales no le prestaron la atención adecuada. Un grupo de ugandeses, entre los que se encontraba Kintu, caminó hasta el Puerto de Entrada de Paso del Norte, en El Paso, y se quejó con miembros de la Patrulla Fronteriza estadounidense de que las autoridades mexicanas los maltrataban. (La policía local le había robado a Kintu lo último que le quedaba de dinero en efectivo). Los ugandeses argumentaron que no podían seguir refugiándose en Juárez porque corrían riesgo de morir. Suplicaron que se les permitiera solicitar asilo.
Para su sorpresa, los agentes fronterizos los dejaron pasar.
La práctica conocida como «medición» —en la que el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) asignaba a los solicitantes como Kintu un lugar en la lista antes de rechazarlo— era habitual a lo largo de la frontera sur. Desde entonces, la CBP ha abandonado esta política, ya que los tribunales declararon que era ilegal.
En el caso de Kintu, sin embargo, la decisión de esperar en la lista le otorgó una «entrada inspeccionada», un evento en el registro oficial que demostraba que estaba siguiendo las normas.
Así pues, cuando Kintu entró bajo custodia de la CBP, poseía uno de los casos de asilo más sólidos posibles. Por supuesto, él no entendía eso. ¿Qué sabía él de las leyes estadounidenses?. «Solo estaba preparado para entrar y contar mi historia», dijo Kintu, quien pidió utilizar su nombre tribal en lugar de su nombre en inglés por temor al gobierno ugandés.
Todo lo que necesitaba era algo de ayuda para poner su historia por escrito y dirigirla a la desconcertante maquinaria de inmigración estadounidense.
Aun así, a Kintu le llevaría más de tres años, miles de dólares y al menos seis representantes legales atravesar el sistema.
Los veteranos de la ley de inmigración saben que tres años no es nada. En el año fiscal 2024, los casos de asilo que prosperaron tardaron un promedio de 1451 días (es decir, casi cuatro años) en pasar por los tribunales de inmigración estadounidenses. En algunos meses, los jueces le concedieron asilo a inmigrantes cuyos casos habían languidecido durante una década.
El asilo no es la única opción —ni siquiera la más importante— para que los inmigrantes permanezcan en Estados Unidos «de la forma correcta». Hoy en día, la mayoría de los inmigrantes vienen porque sus familiares residentes solicitan visas en su nombre. En 2024, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) aprobaron más de tres cuartos de millón de visados de inmigrante para familiares y prometidos.
Pero para los indocumentados, cualquier camino hacia la legalidad es una abrumadora cuesta arriba a través de los tribunales de inmigración. El año pasado, los jueces les informaron a más de 300 000 inmigrantes de que no eran elegibles para ningún tipo de estatus. No reunían los requisitos para formar parte de un grupo perseguido. No estaban emparentados con las personas adecuadas. No tenían empleadores que les patrocinaran. Por cada inmigrante al que se concedió asilo en 2024, se ordenó la expulsión de nueve.
«Esperamos que los inmigrantes tengan un estatus legal», dijo Erin Hall, directora ejecutiva de Neighborhood Christian Legal Clinic de Indianápolis. «Pero, ¿sabes lo difícil que es eso en realidad?».
En los casos en que los indocumentados sí tienen razones legítimas para quedarse, lo que determina que obtengan papeles es, en gran medida, si encuentran representación legal. Los datos judiciales muestran que, en los casos cerrados durante 2024, al 77 % de los casos de inmigrantes que podrían terminar en deportación por entrar ilegalmente en el país, pero en los que el interesado contaba con un abogado, se les permitió quedarse. Otros estudios han revelado que los inmigrantes detenidos que cuentan con asesoría legal duplican sus probabilidades de obtener la exención.
En teoría, es posible que los inmigrantes gestionen sus propios casos. En los últimos años, grupos sin ánimo de lucro han puesto en marcha más ofertas educativas para los que quieren llevar sus casos legales por sí mismos, incluidos programas financiados con fondos federales que la administración Trump suprimió a principios de este año y que, días después, restableció abruptamente. Pero «la ley de inmigración es notoriamente técnica, y hay todo tipo de maneras de meter la pata», dijo Maureen Sweeney, profesora de derecho de inmigración en la Universidad de Maryland, que anteriormente trabajó en Caridades Católicas.
¿Cuándo se presenta un formulario ante el USCIS, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, y cuándo ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, que pertenece al Departamento de Justicia? ¿En qué casos solicitar una exención te descalifica para otra potencialmente mejor? Si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pone en marcha una política para detener a personas durante las entrevistas para obtener la residencia legal por matrimonio, ¿te enterarás antes de que sea demasiado tarde?
Justo al norte de Indianápolis, Neighborhood Christian Legal Clinic emplea a nueve miembros del personal de inmigración a tiempo completo en el centro ministerial de una iglesia rodeada por árboles. Hall hace que un miembro del equipo dedique parte de cada día simplemente a seguir y estudiar las interminables revisiones de la ley de inmigración, como las actualizaciones del manual de 600 páginas que rige los procedimientos judiciales de inmigración. «Tenemos una agencia administrativa que cambia la práctica literalmente a diario. Vamos a añadir esta norma, cambiar este formulario, dejar de aceptar esto, cambiar este proceso», me dijo Hall. «Hace todo muy difícil».
La cantidad de información que reciben los abogados de inmigración siempre ha sido desalentadora. Con la nueva administración Trump, el diluvio se ha vuelto asfixiante. «No se trata solo de órdenes ejecutivas federales, sino de nuestras órdenes ejecutivas estatales y memorandos políticos», dijo Angelin Fisher, abogada de la clínica de Indianápolis. «También ocurren cosas al interior de las agencias, algunas que se hacen públicas, otras que no».
Sin ayuda, los inmigrantes indocumentados se ven obligados a navegar por un laberinto por su cuenta, normalmente en un idioma extranjero, y siempre por su cuenta y riesgo. «Estar representado siempre es mejor que no estar representado», dijo Fisher.
Durante los cinco meses que fue detenido por el ICE, Kintu leyó 25 libros. Leyó El refugio secreto [The Hiding Place], de Corrie ten Boom. («Me ayudó a recuperar la fe»). Pero los libros favoritos de Kintu que sacaba de la biblioteca del centro de detención eran novelas policíacas. Al final de cada asesinato misterioso, los personajes iban al tribunal. Kintu nunca había estado en un tribunal: quería saber cómo dirigirse a un juez y cómo responder.
«Estos libros me ayudaron con mi vocabulario. Utilicé palabras como ostensiblemente», dijo Kintu. «Creo que el juez no pensó que yo utilizaría palabras como esa».
A finales de 2019, tras varias semanas en diversas instalaciones del ICE —incluidas dos noches tiritando en una habitación helada que los migrantes llamaban «el congelador»—, Kintu fue trasladado al Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en Chaparral, Nuevo México. Grupos de derechos humanos han denunciado que la detención en Otero «equivale a tortura», citando quejas sobre condiciones insalubres, además de escasez de alimentos y agua. Sin embargo, Kintu considera que era mejor que el refugio de México. Dice que las comidas eran decentes y veía las noticias en la televisión.
A las pocas semanas, Kintu tuvo una llamada telefónica de tres horas con un oficial especialista en casos de asilo, lo que se conoce como «entrevista de miedo creíble». También llamó por teléfono a una misionera estadounidense cuyo número había memorizado cuando lo visitó en Juárez. Ella se encargó de que un abogado gratuito de El Paso, a media hora de distancia, se ocupara de su caso.
La mayoría de los inmigrantes detenidos no encuentran un abogado tan fácilmente. La detención complica el caso, hasta el punto de que representar a clientes en las instalaciones del ICE es una especialidad propia de la ley de inmigración. A menudo, los abogados deben actuar con rapidez para evitar que deporten a sus clientes. Los detenidos pueden llamar, pero los abogados y los familiares no pueden hacerlo fácilmente. Los jueces de los centros de detención tienen sus propios protocolos.
La gran mayoría de los abogados evitan los casos de detenidos. «Son realmente difíciles y engorrosos, y tienes que estar realmente dispuesto a trabajar», dijo Angela Adams, abogada de inmigración de Indianápolis que, en términos generales, ha dejado de representar a clientes detenidos. Los abogados tienen que estar disponibles día y noche, dijo. Necesitan tener contactos con los agentes. «Es mejor conseguir un abogado de inmigración que conozca a los agentes del ICE, que pueda tomar el teléfono y decir: “Hermano, ¿cómo estás?” Yo no puedo hacer eso».
No hay abogados de oficio en los tribunales de inmigración: la Sexta Enmienda garantiza la asistencia legal a los acusados de delitos, pero no a los inmigrantes. Los abogados de inmigración privados cobran hasta $20 000 dólares por representar a clientes detenidos, una suma que pocos detenidos pueden pagar. Por ello, los grupos sin fines de lucro se ocupan de la mayor parte de los casos de los detenidos.
En algunos centros de detención, como los situados a lo largo de la frontera suroeste, los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes y los abogados pro bono realizan visitas periódicas, informan a los detenidos de sus opciones y los ponen en contacto con un abogado. En otros centros del ICE, sobre todo en el interior de Estados Unidos, los inmigrantes solo encuentran una lista de números de teléfono en una celda. Elegir cuál de ellos marcar a menudo parece más bien un tiro de suerte.
«La realidad es que no hay capacidad para representar a todo el mundo», dijo Sweeney, cuyos estudiantes de Derecho de la Universidad de Maryland representan a veces a inmigrantes detenidos. «Especialmente en el caso de los detenidos».
El ICE ubica muchos de sus mayores centros en desiertos legales. La agencia traslada a los detenidos de un centro a otro en función de sus propias necesidades logísticas, a menudo sin previo aviso y a veces por todo el país, lo que crea pesadillas para los abogados de los detenidos. Si te llevan al Centro Correccional del Condado de Adams, en Natchez, Mississippi —el mayor centro de detención del ICE, que alberga actualmente a más de 2000 inmigrantes—, el grupo jurídico sin ánimo de lucro más cercano que podría aceptar tu caso está a cinco horas en auto, en Memphis.
«La detención equivale a una privación del debido proceso», dijo Sweeney. «Es más difícil reunir documentos. Es más difícil hablar con los testigos. Te presentas ante el tribunal probablemente en una pantalla de video y no en persona, lo que hace mucho más difícil convencer al juez de que eres una persona digna de confianza».
En realidad, para algunos inmigrantes, la detención es un resultado peor que la expulsión. Eso es lo que preocupa a muchos abogados sobre las deportaciones masivas prometidas por la administración Trump. Los inmigrantes no pueden ser expulsados de la noche a la mañana; los trámites burocráticos y los problemas logísticos, así como el derecho a interponer recursos legales, ejercen una fuerza gravitatoria que tiende a mantener a los detenidos bajo custodia más tiempo del necesario. La deportación masiva podría, en la práctica, equivaler simplemente a una detención masiva.
«No me cabe duda de que van a mantener encerrada a tanta gente como puedan», dijo Sweeney. En todo el país, el número de detenciones ha alcanzado su nivel más alto desde el primer mandato de Trump. El ICE tenía a casi 44 000 detenidos bajo su custodia a finales de febrero, según datos del gobierno. A pesar de la promesa de la administración de centrarse en los delincuentes violentos, más de la mitad de los inmigrantes detenidos este año no tenían antecedentes penales.
Mientras estuvo detenido en Nuevo México, Kintu compareció tres veces ante el tribunal. En su primera comparecencia, el juez le dijo que debía permanecer detenido mientras se tramitaba su caso porque existía riesgo de fuga, denominación habitual para los inmigrantes sin vínculos con la comunidad. El ICE supone que los solitarios tienen más probabilidades de no acudir a las audiencias de inmigración.
En la segunda audiencia de Kintu, su abogado no se presentó debido a una tormenta de nieve en El Paso. «Después de un tiempo, me enteré de que no suele nevar en Texas», dijo Kintu. En los centros de detención, estos contratiempos crispan los nervios. Cuanto más tiempo pasara Kintu allí, me dijo uno de sus abogados, mayor era el riesgo de que lo devolvieran a un lugar donde podrían matarlo. Por la noche, Kintu se despertaba cuando los agentes entraban en las celdas para llevarse a otros detenidos y ponerlos en vuelos de deportación.
Cuando se celebró la tercera audiencia judicial de Kintu, en marzo de 2020, una red de iglesias se había puesto a trabajar en su favor. Un ministerio pasó su información a Heather Ghormley, pastora anglicana de South Bend, Indiana, que localizó a una familia dispuesta a albergarlo y apadrinarlo mientras avanzaba su caso de asilo.
«Como pastora, como cristiana, no quiero que la gente tenga que pasar por la detención», dijo Ghormley. «No es como la cárcel. Es peor».
El juez accedió a poner a Kintu al cuidado de la familia con una fianza de 7500 dólares. Era una condición innecesaria: las reglas de detención del ICE no exigían fianza para un solicitante de asilo sin antecedentes penales y que contaba con un patrocinador. Kintu dijo que su familia de acogida, una pareja menonita que entonces rondaba los 70 años, pagó la fianza.
Un año después de escapar de Uganda, Kintu subió a un avión en El Paso y voló hacia Indiana, a merced de un par de desconocidos y con una deuda de 10 000 dólares que su familia había acumulado para poder enviarlo a Estados Unidos.
En South Bend, Kintu quería un trabajo. Necesitaba pagar los gastos escolares de sus hijos en Uganda y devolver lo que su familia había pedido prestado. Pero para conseguir un empleo, Kintu necesitaba un permiso de trabajo. La congregación menonita, que se convirtió en la familia eclesiástica de Kintu, le ayudó a encontrar representación en el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC, por sus siglas en inglés), un bufete de abogados pro bono con sede en Chicago. Allí los abogados empezaron a trabajar en su caso de asilo y a redactar la documentación para su permiso de trabajo.
Un solicitante de asilo puede pedir un permiso de trabajo una vez que hayan transcurrido 150 días desde que ingresó su solicitud; el USCIS debe tramitarlo en el plazo de un mes. Por razones que Kintu aún no comprende —quizá retrasos en el papeleo, quizá alguien presentó la solicitud en el momento equivocado—, pasaron dos años antes de que se aprobara su permiso de trabajo. De 2020 a 2022, Kintu dependió de su familia de acogida y de su iglesia para todo. «La vida era muy difícil sin trabajo», dijo. Incapaz de obtener ingresos, volvió a la escuela para obtener un diploma de educación secundaria.
Mientras tanto, el primer abogado de Kintu dejó de trabajar con el NIJC. Otro abogado se hizo cargo de su caso. Pronto ese abogado también se fue, y el NIJC le asignó un tercero. Los miembros del personal de apoyo entraban y salían de su equipo, dijo Kintu, y en un momento dado otro abogado de un bufete externo de Chicago se unió a su caso.
El agotamiento y la rotación de personal son frecuentes en los servicios de inmigración sin ánimo de lucro. Más de 13 millones de inmigrantes indocumentados compiten en Estados Unidos por la atención de unos 9500 abogados y otros representantes legales autorizados por el gobierno. Como no hay suficientes abogados para todos, las oficinas reciben más consultas de las que pueden atender.
«Todos los meses nos llaman cientos de personas a las que tenemos que decir: “Lo sentimos, no tenemos capacidad para ayudarte”», dijo Hall, de la clínica jurídica de Indianápolis. La escasez es cada vez mayor: a nivel nacional, el número de personas que se enfrentan a una posible deportación sin representación aumentó del 57 % en 2021 al 67 % en 2024.
Las iglesias están interviniendo lentamente para ayudar a llenar el vacío de representación. Conexión Inmigrante, una red wesleyana de servicios jurídicos eclesiásticos, ha asesorado a decenas de congregaciones durante la última década en la puesta en marcha y gestión de un ministerio de servicios jurídicos de inmigración.
Su director, Zach Szmara, afirma que las iglesias son proveedores ideales, gracias a una disposición exclusiva del Departamento de Justicia que permite a alguien que no sea un abogado representar a clientes de inmigración tras completar un proceso de certificación. Solo necesitan espacio de oficina y un par de personas dispuestas a trabajar a tiempo parcial. Las congregaciones pueden ayudar a los inmigrantes a obtener un estatus y a mantenerlo. «Las iglesias necesitan profesionales en materia de impuestos», dijo Szmara. «Es lo mismo con los inmigrantes. Necesitan guías. Necesitan un experto que camine a su lado».
A medida que avanzaba el caso de Kintu, su equipo jurídico reunió un conjunto de elementos básicos para su solicitud de asilo. Los abogados entrevistaron a sus familiares y recopilaron testimonios. Recopilaron fotografías de periodistas torturados en Uganda. Redactaron informes sobre la historia y la política de Uganda. Todo ello lo utilizarían para argumentar ante un juez y contra los abogados que representaban al ICE que Kintu merecía una exención.
En otoño de 2021, los patrocinadores de Kintu lo llevaron dos veces a sus audiencias en un juzgado de Chicago, cada una de las cuales requirió un viaje de ida y vuelta de tres horas. En la primera audiencia, la abogada del gobierno no se presentó. Cuando la jueza la llamó por videollamada, se disculpó. Dijo que el gobierno no estaba preparado y que necesitaba más tiempo. La jueza fijó otra audiencia para un mes después. En ella, la abogada dijo que tenía problemas familiares y que seguía sin estar preparada. La jueza, según Kintu, estaba furiosa. Solicitó un nuevo abogado y le dio al ICE un mes más para preparar su defensa contra la petición de Kintu.
Los abogados suelen encontrarse con situaciones caóticas en los tribunales de inmigración. El ICE, al igual que las personas a las que busca deportar, también sufre una escasez crónica de representación. En 2024, el brazo jurídico del gobierno en materia de inmigración, la Oficina del Asesor Jurídico Principal, empleaba a unos 1700 abogados para gestionar un creciente retraso de más de 3.5 millones de casos de inmigración. Es decir, más de 2000 casos cada uno.
El 9 de febrero de 2023, Kintu compareció por última vez ante el tribunal de inmigración de Chicago. Dos miembros de su equipo jurídico se sentaron a su lado y le ayudaron a responder a las preguntas de la jueza y del nuevo abogado del gobierno. En un momento dado, Kintu utilizó la palabra bamboozled (embaucado), vocabulario que había aprendido de sus lecturas sobre la detención, y la jueza se rió.
Durante el contrainterrogatorio, el abogado del ICE tomó desprevenido a Kintu al preguntarle si, en la radio, había entrevistado alguna vez a miembros del Ejército de Resistencia del Señor, el grupo terrorista fundado por Joseph Kony que huyó de Uganda hace casi 20 años. «Le dije que en aquella época yo era un niño. Estaba en la escuela primaria», dijo Kintu. «¿Cómo pude hacer eso?». El abogado pidió a la jueza otra prórroga para seguir revisando el expediente de Kintu.
Esta vez, la jueza se negó. Firmó los documentos de asilo de Kintu y le dijo que fuera a compartir la noticia con sus patrocinadores.
Una vez que llegó el permiso de trabajo de Kintu, intentó encontrar trabajo en la radio estadounidense. Pero le dijeron que su fuerte acento no era comercializable. En su lugar, obtuvo el título de auxiliar de enfermería y ahora trabaja por las noches en un hospital de South Bend. Dejó la casa de sus patrocinadores y ahora alquila su propio apartamento.
Kintu no ha visto a su esposa ni a sus hijos en seis años, salvo por medio de videollamadas. Está intentando traerlos a Estados Unidos, con la ayuda de un nuevo grupo de abogados del NIJC. Los asilados, al igual que los refugiados, pueden solicitar que sus cónyuges e hijos solteros se unan a ellos. A Kintu le dijeron que la aprobación podría tardar unos 6 meses; hasta el momento, ha esperado 15. Ha llamado a su oficina representante en el Congreso. Ha hecho todo lo que ha podido. «La paciencia trae fruto, pero lo trae con dolor», dijo.
El marco jurídico de la inmigración en Estados Unidos es, entre otras cosas, una prueba nacional de paciencia. La práctica de la inmigración se ha considerado durante mucho tiempo como el trabajo duro de la profesión legal: horas agotadoras con el salario de un trabajador social. Sin embargo, las medidas enérgicas del presidente Trump en materia de inmigración están convenciendo a algunos jóvenes abogados y estudiantes para verlo de otro modo. Oficinas jurídicas de todo el país afirman que en los últimos meses han recibido más llamadas de abogados de otras especialidades que se ofrecen como voluntarios. «El interés ha aumentado», dijo Sweeney. «Se siente como estar en el frente de batalla por los derechos civiles».
Ghormley es una de las que dio un paso hacia el frente de batalla. Es pastora de la Iglesia Anglicana Árbol de la Vida de South Bend. Hace años, cuando escuchó por primera vez la historia de Kintu y le ayudó a encontrar una familia patrocinadora, había estado ayudando a las iglesias anglicanas de todo el país a desarrollar ministerios para atender a los inmigrantes.
La iglesia Árbol de la Vida es pequeña, y Ghormley ha tenido otros trabajos durante mucho tiempo, como maestra y como profesora universitaria. Había trabajado a tiempo parcial en temas de inmigración, pero tras las elecciones de 2024 se involucró seriamente en ella. Ahora trabaja en casos de inmigración unas 30 horas a la semana, cuando no está sirviendo como pastora en su pequeña iglesia. «La escasez es tan grave que tenemos que hacer todo lo que podamos».
Cuando Kintu recibió el visto bueno para solicitar la residencia permanente, podría haber recurrido a otros abogados. Pero acudió a Ghormley en busca de ayuda. «Pude ocuparme de su caso mucho más rápido», dijo.
A principios de este mes, Ghormley tuvo en sus propias manos el fruto de su trabajo cuando le entregó a Kintu su tarjeta verde, es decir, la tarjeta de residencia permanente recién impresa. En verdad es verde.
«Tenemos el mandato de nuestro Señor Jesucristo de acoger al extranjero como lo acogeríamos a él», dijo Ghormley. «Parte de la acogida y la hospitalidad en Estados Unidos consiste en ayudar a la gente a navegar por nuestro sistema legal, que es realmente complejo».
A veces la ayuda llega como una dura verdad. Varios representantes legales con los que hablé dijeron que les dicen a los clientes que la deportación es el único resultado probable. A los clientes que luchan contra el abuso de narcóticos, a los que están solos y a los que tienen pocas opciones viables para permanecer en Estados Unidos, Ghormley les ha dicho: «Si de alguna manera es posible que vuelvas a casa, quiero que pienses en ello, porque necesitas estar cerca de una comunidad que se preocupe por ti».
Ninguno ha seguido su consejo todavía. Pero el trabajo le ha hecho desarrollar una piel gruesa. Ghormley tiene clientes cuyas familias han sido martirizadas. Tiene clientes que han malgastado todo su dinero en proveedores de servicios jurídicos no certificados, conocidos como notarios, que en realidad no pueden representar casos ante las autoridades federales. Tiene clientes que le dicen, como pastora, cosas que nunca antes le habían contado a otra alma.
«Hay muchos depredadores que los andan acechando», dijo Ghormley. «La gente confía en las iglesias. Estamos aquí por ellos, no por dinero».
Andy Olsen es redactor jefe en Christianity Today.
