La Suprema Corte de México dictaminó el pasado martes 7 de septiembre que es inconstitucional castigar el aborto, anulando por unanimidad varias disposiciones de una ley de Coahuila, un estado en la frontera de Texas, que había convertido el aborto en un acto criminal.
La decisión afectará de forma inmediata solo al estado fronterizo del norte del país, pero establece un precedente histórico y «criterios obligatorios para todos los jueces del país», obligándolos a actuar de la misma manera en casos similares, dijo el presidente de la corte, Arturo Zaldívar. «A partir de ahora no será posible acusar a ninguna mujer que aborte, dentro de las circunstancias que este tribunal ha dictaminado como válidas, sin violar los criterios de la corte y la constitución».
Dichas circunstancias se aclararán cuando se publique la decisión, pero todo apunta a que se refiere a abortos realizados dentro de las primeras 12 semanas de embarazo, período permitido en los cuatro estados donde el aborto ya es legal.
La decisión se toma una semana después de que entrara en vigor una ley en Texas que prohíbe los abortos [enlaces en inglés] una vez que los profesionales médicos pueden detectar actividad cardíaca en el feto. Esta ley permite a cualquier ciudadano privado demandar a los proveedores de servicios de aborto de Texas que violen la ley, así como a cualquier persona que «ayude o incite» a una mujer a someterse al procedimiento.
Solo cuatro estados mexicanos (Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo) ahora permiten el aborto en la mayoría de las circunstancias. Los otros 28 estados penalizan el aborto, con algunas excepciones.
México es un país fuertemente católico romano. La iglesia católica fue una institución poderosa durante la época colonial y después de la independencia de México, pero un movimiento de reforma a mediados del siglo XIX limitó drásticamente el papel de la iglesia en la vida diaria. Los esfuerzos anticlericales en ocasiones llevaron a derramamientos de sangre, especialmente durante la Rebelión Cristera de 1926 a 1929.
Sin embargo, el tema del aborto sigue siendo controvertido en México. La división se mostró el martes cuando grupos de ambas posturas se manifestaron afuera de la corte.
Decenas de personas se arrodillaron en oración frente a la corte. Los manifestantes cristianos provida llevaron rosarios, sostuvieron globos azules y exhibieron carteles con mensajes como «Salvemos ambas vidas».
El conservador Partido Acción Nacional reiteró su oposición al aborto. «Estamos a favor de la defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural», dijo el partido en un comunicado. Pidió que se proteja la objeción de conciencia «por motivos éticos, morales o religiosos».
El presidente Andrés Manuel López Obrador, del partido Morena, se negó el martes previo a la toma de decisión a comentar sobre el tema, y solo dijo que era el tribunal quien debía decidir. López Obrador se describe a sí mismo como «un cristiano en el sentido más amplio de la palabra», negándose a ofrecer más detalles cuando se le pregunta sobre sus vínculos protestantes o católicos.
La Conferencia Episcopal Mexicana envió una serie de mensajes a través de Twitter [enlace en español] citando comentarios anteriores de líderes de la iglesia. Uno de ellos fue de principios de este año, antes de una votación para despenalizar el aborto en el estado de Hidalgo. «Que su decisión por la vida no esté condicionada por una ideología, sino motivada por la fe, la esperanza y el amor», decía.
«Somos vistos como un pueblo católico, como un pueblo guadalupano», dijo la profesora de Derecho Leticia Bonifaz de la Universidad Nacional Autónoma de México. «Pero si se da cuenta hoy, el tema que se está discutiendo es legal, no religioso, no moral».
Bonifaz dijo que esta Corte Suprema es más liberal que la que despenalizó el aborto en la Ciudad de México en 2007. En los años intermedios, ha habido una amplia educación no solo para los magistrados, sino también para los abogados que integran sus equipos desde la perspectiva de género y derechos humanos, dijo.
La abogada y activista Verónica Cruz, directora del colectivo «Las Libres», dijo que la decisión «derriba barreras» al enviar el mensaje de que las mujeres no pueden ser acusadas de cometer un delito cuando realizan un abortos.
Actualmente no hay mujeres encarceladas por abortos en México, pero hay unas 4600 investigaciones abiertas por esta causa, dijo Cruz, cuya organización liberó a las últimas mujeres que habían estado en prisión por causa del aborto.
Durante mucho tiempo, el poder legislativo introdujo cambios significativos para la sociedad mexicana, pero más recientemente el «sistema de justicia mexicano ha sido un sistema de justicia de vanguardia en muchos temas», dijo Bonifaz.
El caso histórico pareció saltar a la conciencia del público de la noche a la mañana, pero en realidad, se había estado moviendo a través del sistema legal durante cuatro años, dijo Bonifaz. El exfiscal general Raúl Cervantes había impugnado su constitucionalidad antes de dimitir en 2017.
En decisiones anteriores, la Corte Suprema falló a favor de mujeres que habían sido encarceladas o violados sus derechos por causa del aborto. Pero Rebecca Ramos, directora del grupo no gubernamental de derechos reproductivos GIRE, dijo que el caso más reciente fue la primera vez que los jueces debatieron la cuestión fundamental de si el aborto debería considerarse un delito o no.
La decisión podría abrir potencialmente otra opción para las mujeres de Texas que buscan abortos legales. Durante años, algunas mujeres en el sur de Texas han cruzado la frontera para ir a las farmacias mexicanas a comprar misoprostol, una pastilla que constituye la mitad de la combinación de dos medicamentos recetados para los abortos con medicamentos. Los abortos legales podrían ser accesibles ahora a lo largo de la larga frontera que México comparte con Texas.
Traducción por Sergio Salazar
Edición en español por Livia Giselle Seidel
