El pastor José Ángel Pérez se quitó la gorra azul y comenzó a orar. Se paró bajo un árbol, rodeado por miembros de su congregación, Misión Cristiana Elim, en El Triunfo, una comunidad rural a 24 kilómetros al suroeste de San Salvador.
En la mañana del 13 de mayo, Pérez participó en una manifestación en la capital, a solo 800 metros del palacio presidencial. Se unió a los participantes de la cooperativa agrícola de pequeños productores de café llamada El Bosque, que el mismo Pérez preside.
La cooperativa sufrió una serie de reveses financieros: los miembros habían usado sus tierras como garantía para préstamos que no habían podido pagar, y ahora 300 familias de El Triunfo se enfrentaban al desalojo de sus hogares.
«Sabemos que nadie puede ayudarnos», dijo Pérez en su oración. «Todos los compañeros, nuestros hermanos, los vecinos van a ser desalojados de sus hogares, y solo tú, Dios, puedes tocar el corazón de aquellas personas que tienen el poder y la autoridad para ayudar».
«Queremos pedir que seas tú quien vaya al lugar donde se encuentra el presidente de esta república, para que pueda echarnos la mano, para que podamos vivir en nuestros propios hogares, que por años hemos construido».
Horas más tarde, el pastor fue detenido por haber participado en la manifestación. Las autoridades también detuvieron al abogado de la cooperativa, Alejandro Henríquez, junto con Pérez.
Bajo el «régimen de excepción», un decreto de emergencia en vigor desde 2022, la policía mantuvo a Pérez y Henríquez en prisión sin cargos formales durante semanas. El 30 de mayo, ambos fueron acusados de desorden público y resistencia a la autoridad. Desde entonces, permanecen en prisión sin visitas.
La congregación de Pérez, una pequeña iglesia de unas 60 personas, ha seguido llevando a cabo sus servicios durante los últimos tres meses con la ayuda de pastores de las ciudades cercanas de San Salvador y Santa Tecla, y de otros líderes de su denominación, Misión Cristiana Elim.
Elim contrató un abogado para Pérez, prestó asistencia a su familia y se encargó de que se le entregaran alimentos y productos de higiene personal en el centro de detención Centro Penal La Esperanza, según Mario Vega, fundador y líder de la denominación.
Desde la detención, las autoridades han permitido a Pérez y Henríquez mantener una sola conversación con sus abogados. No se ha permitido que sus familiares los visiten. «No hay forma de saber la calidad del trato que reciben», afirmó Vega.
Ruth López Alfaro, una abogada salvadoreña especializada en anticorrupción, se encuentra en una situación similar.
López era la directora jurídica de Cristosal, la principal organización sin ánimo de lucro dedicada a los derechos humanos del país. La policía la detuvo en su domicilio el 18 de mayo, acusándola inicialmente de malversación.
«Es un delito imposible para ella», dijo Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal. «Según la ley salvadoreña, solo los funcionarios públicos pueden ser acusados [de ese delito], y ella no es funcionaria pública».
Quince días después de la detención de López, la Fiscalía cambió los cargos a enriquecimiento ilícito, otro delito que solo se aplica a los funcionarios públicos.
Fundada en 2000 por los obispos anglicanos Richard Bower y Martin Barahona, Cristosal defendió a los salvadoreños durante la guerra civil del país y también en medio de la tasa de homicidios sin precedentes registrada durante la guerra entre pandillas. Sus informes recientes denunciaron que la megaprisión CECOT es ilegal, misma en la que se encuentran los presos venezolanos deportados de Estados Unidos. Su análisis afirma que tanto Estados Unidos como El Salvador «facilitaron el traslado de personas deportadas ilegalmente a un sistema penitenciario desprovisto de garantías legales y control judicial» y, por lo tanto, están «actuando de manera coordinada para cometer graves violaciones de los derechos humanos, mostrando desprecio por la dignidad humana».
El uso del sistema penitenciario salvadoreño para recibir a personas deportadas de Estados Unidos ha sido útil para la estrategia de Donald Trump en materia de inmigración, lo que lo ha convertido en un aliado clave del país. En enero, Trump elogió el liderazgo de Bukele y lo calificó de ejemplo a seguir para otras naciones del hemisferio occidental. El líder salvadoreño, que en una ocasión se autodenominó «el dictador más cool del mundo», aprovechó la oportunidad para aprobar en el Congreso una ley que aumenta la duración del mandato de cuatro a seis años y elimina el límite de reelecciones. La semana pasada, el Departamento de Estado de EE. UU. respaldó la decisión.
En Cristosal, López trabajó para garantizar la transparencia y el trato justo a los ciudadanos salvadoreños, presentando más de una docena de denuncias contra el Gobierno, entre ellas denuncias sobre la minería inconstitucional y las supuestas negociaciones entre el exlegislador Osiris Luna Meza y los líderes de las pandillas. (Ahora, como viceministro de Justicia, Luna dirige los centros penitenciarios y tiene la custodia legal de López).
Cristosal suspendió sus actividades en El Salvador en julio y trasladó su sede a la ciudad de Guatemala debido a las amenazas. «Cristosal ha sido un blanco directo del gobierno. Ante ese tipo de persecución, no tendríamos cómo defendernos en un juicio neutral, por lo que decidimos trasladarnos», dijo Bullock.
«La detención de nuestra colega Ruth López, abogada y defensora de los derechos humanos, no es un caso aislado, sino parte de una estrategia más amplia de castigo ejemplar destinada a intimidar», afirmó en un comunicado de prensa.
El día en que Pérez y Henríquez fueron detenidos, el presidente salvadoreño Nayib Bukele acusó a la oposición de estar detrás de las protestas. «Fuimos testigos de cómo personas humildes fueron manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al gobierno», escribió en X.
A finales de mayo, Bukele firmó una nueva ley de agentes extranjeros, que autoriza un impuesto del 30 % sobre las donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro, incluidos los grupos religiosos, que reciban apoyo del exterior. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó en un comunicado que la ley «podría limitar el funcionamiento legítimo de las organizaciones de la sociedad civil y el espacio cívico en el país».
El mes pasado, Amnistía Internacional declaró a López, Henríquez y Pérez como presos de conciencia, los primeros desde el fin de la guerra civil en El Salvador en 1992.
Para Vega, Pérez debería ser considerado un preso de conciencia. La semana pasada, Vega predicó en una reunión de pastores en San Salvador sobre Mateo 5:10-12:
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes (NVI).
«Yo subrayé “calumnias”», dijo. «Eso es lo que le está pasando al pastor José Ángel».
«Su visión de lo que es un pastor no es alguien que predica una o dos veces por semana», dijo Vega. «Un pastor debe estar al lado de su congregación en sus sufrimientos y sus anhelos. Estar ahí para los que sufren es lo que ahora lo llevó a la prisión».
