Juan Antonio Allauca Robles había perdido a muchos colegas a manos de los narcotraficantes.
Así que el policía ecuatoriano diseñó un plan. Pasaría un tiempo en el campo durante unos meses, tratando de pasar desapercibido, y estudiaría la logística para iniciar su recorrido en dirección hacia el norte. Su intención era llegar a Estados Unidos para pedir asilo.
El pasado diciembre, Allauca atravesó parte de Colombia y viajó a pie por la traicionera selva del Darién hasta Panamá, acompañado por su esposa, sus tres hijos (de 13, 2 y casi 1 año), su cuñada de 18 años y su suegro.
«Nos amenazaban constantemente», dijo. «Era difícil mantener a salvo a los adolescentes y a los niños».
La familia llegó a Costa Rica el 25 de enero, y tomó un autobús a Los Chiles, un pueblo de 20 500 habitantes situado en la frontera con Nicaragua.
Para entonces, la familia ya había oído la noticia de que la administración Trump había reforzado los controles fronterizos y había recortado drásticamente las solicitudes de asilo. Así que Allauca cambió su plan: su familia solicitaría asilo en Costa Rica e intentaría establecerse allí.
Durante su primera noche en la ciudad, la familia pagó para dormir en el garaje de alguien. Las tres noches siguientes las pasaron en una habitación de hotel, gracias a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
El miércoles, la familia se trasladó a Casa Esperanza, una organización cristiana asociada con la ONU para acoger a migrantes, con la esperanza de poder quedarse ahí los próximos diez días mientras esperaban sus permisos de residencia temporal.
Sin embargo, el martes por la noche, el gobierno estadounidense anunció que había congelado toda la ayuda exterior. Casa Esperanza acababa de firmar un contrato con la ONU para distribuir los recursos proporcionados por el gobierno estadounidense. Poco después de la llegada de la familia Allauca, el ministerio anunció que este corte al suministro de fondos supondría el cierre de su refugio.
Donantes privados enviaron fondos a Casa Esperanza para alojar a familias con niños hasta el domingo 2 de febrero, lo que permitió que se quedaran 16 personas de tres familias. Después de eso, el ministerio solo podrá continuar con su programa de comidas tres veces al día, financiado con donativos de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales.
Allauca no sabe qué hacer. Como exagente de policía, pondría su vida y la de su familia en riesgo si regresa a Ecuador. También sabe que continuar el viaje hacia Estados Unidos sería demasiado para los miembros de su familia, que ya han sufrido hambre y agotamiento. «Los niños ya sufrieron mucho», dijo.
Mientras tanto, recibir un permiso de trabajo podría llevarle hasta cuatro meses, y Allauca no tiene ni idea de cómo podría mantener a seis personas en este nuevo país. La familia duerme en la Iglesia del Nazareno de Los Chiles, y come y se baña en las instalaciones de Casa Esperanza. «Estamos en un limbo», dijo.
El personal de Casa Esperanza entiende su situación. El centro dejó de recibir inmigrantes el pasado noviembre, cuando se agotaron los fondos, según Ruth Padilla DeBorst, fundadora de Casa Adobe, la organización sin ánimo de lucro que gestiona el ministerio. Comunicó la noticia a Mesa de Movilidad, una coalición de organizaciones que trabajan con migrantes en la zona y que incluye a UNICEF, ACNUR, World Vision y funcionarios del gobierno costarricense.
«Fue entonces cuando la ONU se puso en contacto con nosotros», dijo Padilla. «Nos dijeron que hiciéramos los trámites porque había fondos disponibles para nosotros».
El proceso avanzó rápidamente. El 4 de enero, Casa Esperanza recibió luz verde para contratar servicios de seguridad y limpieza para las instalaciones, que podían albergar hasta 40 personas. El 6 de enero, la organización dio la bienvenida a sus primeros migrantes. En el momento de la suspensión del financiamiento, el albergue ya contaba con 24 adultos y 9 niños. La mayoría tenía intención de quedarse en Costa Rica.
Además de una noche de descanso seguro —un lujo para los migrantes que cruzan Centroamérica—, Casa Esperanza también ofrecía a los residentes alimentos, apoyo psicológico, atención médica y atención especializada para los niños, incluidas actividades recreativas y educativas.
El contrato de Casa Esperanza proveería 45 000 dólares al mes durante cinco meses, con posibilidad de renovación. Pero fue cancelado apenas tres semanas después de su aprobación, antes incluso de que pudieran pagarse los primeros salarios al personal contratado específicamente para el programa.
«Esas personas están en riesgo. Vienen de contextos en que han sido amenazadas por los cárteles de la droga», dijo Padilla. «Han sufrido violencia. No queremos echarlos a la calle».
La ONU recibe financiamiento de las contribuciones voluntarias y obligatorias de los Estados miembros. Estados Unidos, el mayor donante de la organización de manera significativa, en 2023 asignó 12 900 millones de dólares a la ONU y sus agencias (como ACNUR, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida ONUSIDA y la Organización Internacional para las Migraciones) reciben más de un tercio de su financiamiento de los Estados Unidos. En el caso del Programa Mundial de Alimentos, la mitad de los recursos proceden del gobierno estadounidense.
Gabriela Suárez y su hija de 16 años, Sofía, también llegaron recientemente a Costa Rica, tras huir de un barrio de las afueras de Quito, Ecuador, que le parecía demasiado peligroso para su familia. Aunque el novio de Gabriela había emprendido el viaje con ellas, fue detenido y deportado cuando llegaron a Panamá. La madre y la hija continuaron sin él, tomando autobuses para cruzar Panamá y luego Costa Rica.
Tras llegar a Costa Rica, Gabriela se sintió acogida por los lugareños y por Casa Esperanza, y comenzó a pensar en solicitar un permiso de trabajo y quedarse allí. «Pero ahora, todo ha cambiado», dijo. Se pregunta si el poco dinero que le queda debería destinarlo a llegar a la frontera entre Estados Unidos y México.
Su preocupación inmediata, sin embargo, es la supervivencia. «Ahora mismo no tenemos dinero, ni siquiera para comer», dijo Gabriela. «Voy a ver si consigo una carpa para no dormir en la calle».
