Apenas semanas después de cerrar 1500 organizaciones e iglesias, el gobierno de Nicaragua ha suspendido el estatus legal de otras 169 entidades, incluidas 86 organizaciones cristianas. Entre las afectadas se encuentran la Alianza Evangélica Nicaragüense, denominaciones como la Iglesia Episcopal y la Iglesia Morava, y congregaciones locales como la Primera Iglesia Bautista de Managua.
En su anuncio del 29 de agosto, el gobierno afirmó que las suspensiones eran necesarias debido a que faltaban reportes financieros y a que las organizaciones habían incumplido los requerimientos legales de proveer información acerca de su liderazgo. El gobierno también sostiene que estas medidas son parte de un esfuerzo para combatir el lavado de dinero por parte de organizaciones sin fines de lucro.
Aunque las medidas no tendrán como resultado el cierre inmediato de las iglesias, los especialistas en libertad religiosa afirman que constituyen un esfuerzo por aumentar el control del Estado sobre las instituciones religiosas.
CSW, organización defensora de los derechos humanos y especializada en la libertad de religión con sede en el Reino Unido, condenó [enlace en inglés] la cancelación del estatus legal de las organizaciones sin fines de lucro y pidió a la comunidad internacional que haga lo mismo.
«La cancelación arbitraria de asociaciones religiosas históricas y diversas, en muchos casos está dejando a sus miembros sin un lugar donde reunirse con fines religiosos», dijo Anna Lee Stangl, de CSW, en una declaración. CSW también está «muy preocupada» por el efecto que tendrán los cierres en las escuelas y hospitales administrados por estas organizaciones.
Los argumentos de CSW, sin embargo, son rechazados por una parte de las iglesias nicaragüenses. «La afirmación de que se están cerrando iglesias es una mentira», dijo Sergio Tinoco, presidente de la Federación de Iglesias Evangélicas Nicaragüenses (FIENIC), que afirma representar a más de 10 000 congregaciones en el país.
Él afirma que el gobierno solo está implementando «un cambio en el marco legal para asistir mejor a las iglesias». En su opinión, el gobierno está cancelando registros porque las iglesias afectadas ya no se registrarán en el Ministerio del Interior.
En cambio, según Tinoco, el gobierno quiere que las iglesias que operan escuelas trabajen con el Ministerio de Educación, aquellas que operan un hospital denominacional se registren con el Ministerio de Salud, y aquellas que administran orfanatos se registren con el Ministerio de la Familia.
«No habrá cierres. [El propósito] es obtener nuevos registros para trabajar bajo un nuevo modelo», afirmó.En la Primera Iglesia Bautista de Managua, el servicio de culto del domingo 8 de septiembre transcurrió normalmente, a pesar de que fue una de las iglesias cuyo registro fue cancelado. De hecho, nadie mencionó el tema durante el servicio. Durante los saludos iniciales, se hizo una invitación para que los congregantes asistieran al culto de oración del martes siguiente. «Están todos invitados para tener un momento de intercesión por nuestra nación, un momento de intercesión por los problemas de cada uno de los presentes y un momento de intercesión por la Primera Iglesia Bautista de Managua. ¿Es necesario? Sí, es necesario», dijo el diácono que dirigió esta parte del servicio.
En la Iglesia Morava, denominación presente en Nicaragua desde 1849, el ministerio tampoco se ha visto interrumpido. En un comunicado emitido en el 4 de septiembre y firmado por los 14 miembros de la comisión para reconstitución y unidad de la iglesia se mencionó la cancelación del registro como «consecuencia de la ruptura interna que la iglesia vive hace más de cinco años», la cual llevó a la iglesia a dejar de presentar sus reportes financieros.
La iglesia comunicó que realizará una asamblea en enero de 2025 con el objetivo de «aprobar la constitución, el estatuto y elegir una sola junta provincial de la Iglesia Morava de Nicaragua». Anteriormente, el 31 de agosto, la iglesia le aseguró a sus congregantes: «las actividades religiosas continuarán de manera normal sin ninguna prohibición de nadie». La denominación también dijo que sus líderes se reunieron con autoridades regionales para discutir el asunto. «Ellos nos transmitieron confianza y fe durante todo el proceso… se nos manifestó que no hay intención de suspender las actividades de las congregaciones», afirmó.
Alianzas obligatorias con el Estado
La preocupación de organizaciones como CSW tiene como fundamento el hecho de que no se trata de la primera vez que el régimen de Daniel Ortega cancela los registros de organizaciones cristianas. Dos semanas antes, el 19 de agosto, la personalidad jurídica de otras 1500 organizaciones había sido suspendida por los mismos motivos. De acuerdo con un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado el 3 de septiembre, el número de organizaciones afectadas desde 2018 asciende a más de 5000.
La mayoría de esas organizaciones estaban vinculadas a la iglesia católica, con algunas otras relacionadas a temas deportivos o culturales.
Muchas de las organizaciones evangélicas afectadas son pequeñas y carecen de apoyo formal de contadores profesionales, según un pastor nicaragüense que pidió permanecer en el anonimato. Como parte del decreto del gobierno, la Procuraduría General de la República tiene autorización para traspasar los activos de estas organizaciones y ponerlos bajo control del Estado.
Aunque algunas de las instituciones afectadas trabajaban a nivel nacional, muchas eran iglesias pequeñas, con menos de 100 congregantes. Esto incluye un gran número de ministerios e iglesias pentecostales, así como otras dirigidas por bautistas, metodistas, luteranos y presbiterianos.
En el mismo día en que anunció la cancelación de la personalidad jurídica de dichas organizaciones, el presidente Daniel Ortega presentó el proyecto de ley que impone impuestos sobre diezmos y ofrendas, y que obliga a las organizaciones a crear asociaciones formales con el gobierno nicaragüense para llevar a cabo proyectos en el país. El proyecto fue aprobado por unanimidad el 20 de agosto por la Asamblea Nacional. El partido de Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que tuvo sus inicios en la década de 1970 como un grupo guerrillero, hoy en día controla la legislatura.
El periódico de oposición La Prensa estima que los impuestos sobre los diezmos podrían ascender al 30 %.
Los cambios en la ley favorecerán «el desarrollo de proyectos de interés para las familias y comunidades dentro de un marco de solidaridad y apego a las leyes nacionales», dijo la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega.
No hay claridad con respecto al alcance que tendrán las nuevas regulaciones. Tanto Murillo como un comunicado de la Asamblea Nacional sobre el proyecto describieron las leyes como un esfuerzo por «fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica, el respeto y la armonía». Una consecuencia probable es que las iglesias que reciben dinero del extranjero, incluidos fondos de sus propias denominaciones, se vean obligadas a formar una «alianza de asociación» para acceder a esos fondos.
El año pasado, estos requisitos de presentación de informes financieros llevaron al cierre de diez iglesias pertenecientes a Mountain Gateway, una organización con sede en Texas, y al arresto de 11 de sus pastores que operaban en Nicaragua. Semanas antes, el grupo había llevado a cabo un evento evangelístico y de ayuda de dos días que reunió a más de 300 000 personas. En marzo, los arrestados fueron sentenciados a entre 12 y 15 años de prisión, y se les impusieron multas de 80 millones de dólares a cada uno.
El 5 de septiembre, un acuerdo negociado entre los gobiernos de Estados Unidos y Nicaragua condujo a la liberación de 135 presos políticos, incluidos los de Mountain Gateway. Como condición para su liberación, el gobierno envió a los prisioneros liberados a Guatemala.
«Estados Unidos y nuestros socios humanitarios proporcionarán temporalmente a estas personas alimentos, alojamiento y asistencia médica, incluyendo apoyo psicológico, para ayudarlos a recuperarse y comenzar el arduo trabajo de reconstruir sus vidas», afirmaron los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala en una declaración conjunta.
¿Hay o no persecución?
Sin embargo, según The New York Times, varias leyes aprobadas en los últimos años han creado complejos estándares de presentación de informes financieros para las organizaciones no gubernamentales, lo que ha resultado en dificultades de cumplimiento. Incluso la iglesia católica ha tenido problemas.
El año pasado, el gobierno nicaragüense prohibió procesiones y servicios religiosos al aire libre, citando preocupaciones de seguridad tras las protestas de 2018 que resultaron en disturbios y arrestos. El gobierno también prohibió la exhibición de símbolos como cruces o la Estrella de David frente a viviendas privadas.
CT contactó a representantes de varias organizaciones cristianas en Nicaragua, incluidas algunas que perdieron su personalidad jurídica. Casi todos se negaron a ofrecer comentarios. Una fuente describió la situación como «muy delicada».
«Podemos incluso ir a la cárcel o perder nuestra ciudadanía por comentarios críticos», dijo la persona.
Los evangélicos constituyen casi el 40 % de los 7 millones de habitantes de Nicaragua, lo que lo convierte en el tercer país con mayor porcentaje de población evangélica de América Latina. Muchos de ellos no se sienten afectados por las acciones de Ortega.
«No se trata exactamente de persecución», dijo Ismael Jara, pastor de la Iglesia Bautista Sendero de Luz, una congregación con cerca de 100 feligreses en Ciudad Sandino, municipio del departamento de Managua. «No se nos prohíbe salir a las calles y hacer evangelismo… Solo no se permiten las reuniones masivas debido a la [inestabilidad política que siguió a las protestas de 2018]».
Jara explicó que las reglas más estrictas para eventos fuera de las iglesias obligarán a las congregaciones a ser más organizadas al planificar eventos. También sugirió que la pérdida de los registros de organizaciones podría incluso ser positiva para algunas iglesias, ya que las ayudará a ser más transparentes financieramente para cumplir con las exigencias de informes del gobierno.
Además, Jara cree que será saludable para los creyentes mantener una mayor distancia de los temas políticos. «Tenemos que aprender a ser neutrales y respetar a las autoridades», dijo.
El debate sobre la libertad y la persecución en Nicaragua ha despertado otras manifestaciones en lo que va del año. En abril, después de que un grupo de expertos presentó un informe sobre violaciones a los derechos religiosos en la ONU, seis organizaciones evangélicas (incluidas tres asociaciones de iglesias, dos grupos denominacionales y un centro de estudios teológicos) publicaron cartas abiertas afirmando que hay libertad de culto en el país. El obispo Adolfo Sequeira, presidente del Centro Intereclesial de Estudios Teológicos y Sociales, firmó una de las cartas, en la que declara que el gobierno «respeta la libertad de culto y las expresiones de fe del pueblo cristiano, permitiendo que cada persona practique la religión de su elección en todo el país».
Por su parte, la Convención Bautista de Nicaragua publicó una declaración de apoyo en que dice que «el comandante José Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo han respaldado siempre nuestra labor evangelística y han favorecido la realización de todas nuestras actividades».
Sin embargo, quienes están fuera del país son menos optimistas.
Debido a que estos cierres están «respaldados por un marco legislativo», la amenaza del gobierno a la libertad religiosa es «más evidente y escandalosa» que la represión de la década de 1980 contra los grupos religiosos por parte de los sandinistas, o miembros del partido político de Ortega, dijo un portavoz del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina (OLIRE) con sede en los Países Bajos, quien pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad.
«Las iglesias, especialmente las más pequeñas, son lugares donde el sentido de comunidad y participación es muy fuerte», dijo el portavoz. «El gobierno quiere disminuir la importancia de esta contribución para que solo el Estado destaque».
Al revocar los registros y confiscar los activos de las organizaciones religiosas, el gobierno está obligando a estos ministerios a alinearse con grupos más grandes que están dispuestos a someterse a las condiciones impuestas por el gobierno, explicó el representante. Sin un registro legal, no pueden comprar terrenos ni construir una iglesia.
Además, según OLIRE, el gobierno impone sus objetivos y políticas a las organizaciones cristianas en un intento de «eliminar cualquier presencia de instituciones que no compartan la misma orientación política».
En su justificación de la legislación aprobada, Ortega argumentó que las actividades de las organizaciones no gubernamentales han resultado en «un uso discrecional [de proyectos y recursos] y desvinculado a los planes, estrategias y políticas nacionales que promueve nuestro buen gobierno en la lucha contra la pobreza y la seguridad de nuestra población».
En junio, la Comisión sobre Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos (USCIRF, por sus siglas en inglés) publicó un informe en el que destaca las «condiciones de libertad religiosa gravemente deterioradas en Nicaragua». «El presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo están utilizando leyes sobre ciberdelitos, delitos financieros, registros legales para organizaciones sin fines de lucro y sobre soberanía y autodeterminación para perseguir a las comunidades religiosas y a los defensores de la libertad religiosa», señaló.
La USCIRF recomendó que Estados Unidos designe a Nicaragua como un país de especial preocupación «por participar en violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa» y sugirió imponer sanciones a agencias y funcionarios del gobierno nicaragüense.
Hasta ahora, la principal fuente de tensión entre los sandinistas y el sector religioso ha sido con la iglesia católica. En febrero del año pasado, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, fue arrestado bajo cargos de conspiración y le fue revocada la ciudadanía nicaragüense debido a sermones considerados antigubernamentales.
Álvarez estuvo detenido hasta enero de este año, cuando el gobierno lo exilió al Vaticano. El intento del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de negociar su liberación enfrió las relaciones entre Brasil y Nicaragua, culminando a principios de este mes con la expulsión mutua de embajadores de ambos países.
En agosto de 2023, un tribunal nicaragüense ordenó el cierre y la confiscación de los activos de la Universidad Centroamericana, una institución de educación superior en Managua dirigida por jesuitas, a solicitud del gobierno. Las autoridades acusaron a la universidad de albergar actividades criminales durante las protestas de 2018. La acción provocó protestas dentro de la comunidad académica y en el Vaticano.
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